“Como este o similares hubo 56 millones de sms en los meses del verano de 2010”, comenta Samuel. “Son mensajes gancho que pretenden que el consumidor se suscriba a un servicio por el que te cobran, o engancharte con el continuo envío de mensajes posteriores que te indican que estás más cerca de conseguir el premio, que lo sigas intentando. Yo no piqué, pero conozco mucha gente que sí lo hizo”. Samuel decidió no hacer caso a la invitación porque conoce de cerca la ley de protección de datos personales ya que es socio de ePrivacidad.es, sin embargo se interesó por saber el motivo por el cual Antena 3 hizo uso de su teléfono móvil personal para enviarle ese mensaje: “me dijeron que era porque en el año 1994 yo había solicitado recibir las alertas al tráfico y la meteorología de Antena 3 y por lo visto pasas a su base de datos de tal modo que al cabo del tiempo hacen uso de estos datos para enviarte otro tipo de suscripciones, aunque nada tengan que ver con la temática por la que tú las solicitaste. De este modo están infringiendo la ley”.

La Ley 34/2002 de 11 de julio de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico (LSSI-CE), en su artículo 21.1 indica: “queda prohibido el envío de comunicaciones publicitarias o promocionales por correo electrónico u otro medio de comunicación electrónica equivalente que previamente no hubieran sido solicitadas o expresamente autorizadas por los destinatarios de las mismas.” Y en su párrafo tercero dice: “En todo caso, el prestador deberá ofrecer al destinatario la posibilidad de oponerse al tratamiento de sus datos con fines promocionales mediante un procedimiento sencillo y gratuito, tanto en el momento de recogida de los datos como en cada una de las comunicaciones comerciales que le dirija”, posibilidad que no se le ofreció a Samuel en ningún momento, que comenta al respecto: “conozco casos de que el mismo sms que me enviaron a mí, les llegó a niños de 13 y 14 años que tenían restringidas las llamadas de sus móviles (sólo al de sus padres, por ejemplo), pero no los mensajes”.

Además de esta normativa general sobre el envío de comunicaciones comerciales, desde hace ya varios meses existen diversas normativas concretas que pretenden regular el envío de los sms de tarificación adicional. El 8 de julio de 2009 la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y la Sociedad de la Información publican el código de conducta para la prestación de los servicios de tarificación adicional basados en el envío de mensajes que entre otras obligaciones, impone las siguientes: En el punto 5.1.2 indica que “el operador titular del número deberá ser siempre fácilmente identificable por los usuarios, de tal forma que éste pueda ponerse en contacto con él sin dificultades”. Y en su punto 5.3.5 señala: “en orden a ofrecer una información adecuada al usuario, la utilización de abreviaturas en la publicidad de los servicios se podrá realizar siempre que sean las comúnmente aceptadas, y se exprese de forma clara y precisa el contenido de la información mínima requerida por el presente Código para cada tipo de servicio”. A este respecto y en relación al sms que enviaron a Samuel -y como a él, a las 56 millones de personas restantes que recibieron uno como ese o similar-, el precio aparece reflejado de la siguiente manera: 1,42Eur.xsms. “Que la x este unida a la abreviatura sms está confundiendo al consumidor, y más si estamos hablando de un consumidor de una cierta edad, como por ejemplo una señora mayor, que desconoce todavía más las abreviaturas de este estilo”, comenta Samuel.

“El problema no es que no haya una normativa adecuada al respecto”, señala Enrique Piñero asesor jurídico de FACUA, que continúa: “el problema está en que no se respeta esa normativa. Hay un continuo incumplimiento sistemático de la misma y nadie hace nada por evitarlo: la administración es lenta e ineficaz”.  A lo que desde la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) apostillan: “mientras la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones dice que no es de su competencia, las Comunidades Autónomas, juntas arbitrales y OMIC tienen actuaciones absolutamente dispares. El caso más evidente es la inutilidad de la comisión encargada de supervisar el sector (la CSSTA ), que tras años de existencia se ha mostrado incapaz de acabar con estos engaños masivos y continuados. Los prestadores de estos servicios siguen llenando sus bolsillos a costa del engaño de miles de clientes”.

“Buenas tardes”, dice un consumidor en un foro, “el motivo de la presente es informar a las máximas personas posibles de la estafa que está realizando la empresa Blinko en colaboración con las principales cadenas de televisión. En mi caso se envió un mensaje a ‘Corazón, corazón’, de Antena 3 por el sorteo de un año de hipoteca gratis y ahí empezó nuestro calvario. Desde verano se han llevado unos 100 euros. Ni se os ocurra enviar un mensaje para descargaros una canción, concurso… que si está por medio Blinko y sus secuaces lo pagaréis caro”.

“Tras esta tarta millonaria no están solo los operadores. Aunque ellos también ganan, los grandes beneficiados son las empresas que se encargan de enviar los mensajes. Lo normal es que el consumidor ni siquiera recuerde cuándo dio su número de móvil a una empresa de la que nunca ha oído hablar pero que le está costando mucho dinero. En España, el 43 % del negocio lo controlan 6 empresas, destacando Jet Multimedia y Buongiorno MyAlert, que opera a través del Club Blinko. Miles de personas se han sentido estafadas y guardan un amargo recuerdo de estas plataformas, pero su mala fama salpica sobre todo a los operadores, que son cómplices en este juego”, señala la OCU en un estudio publicado el pasado marzo.

“El Club ZED perteneciente a Blinko, sólo se dedica al tema de los sms y cotiza en bolsa, para que te hagas una idea del dinero que se mueve en este asunto”, comenta Samuel Parra. Cuando a él le enviaron el mensaje de ‘Rico al Instante’ escribió un post en su blog tratando de alertar a los consumidores sobre el incumplimiento legal de mensajes de este tipo, “y la Agencia Española de Protección de Datos se colapsó de las denuncias que se llegaron a poner. Esto sucedió el año pasado y a día de hoy no se tiene constancia de que haya habido ni una sóla resolución de todas las denuncias que se presentaron al respecto”.

Estas prácticas de mensajes televisivos se enmarcan dentro de lo que se conoce como los sms Premium de los que ya hablamos en la sección de ‘Consume y muere’ , debido a que tal y como denuncia la Confederación Española de amas de casa, consumidores y usuarios (CEACCU), en base a las cifras de la memoria anual 2011 de la Comisión de Seguimiento de Servicios de Tarificación Adicional, el 70% de las denuncias en tarificación adicional corresponden a este servicio de alerta que en algunas ocasiones ni tan siquiera se ha solicitado por parte del consumidor  y en otras, no se sabe lo que se está solicitando por la falta de claridad en la información con la que se publicita.

La compañía Movistar anunciaba a finales de 2011 que solicitaría a estas empresas de sms un documento en el que se reflejara el consentimiento de su cliente a la contratación de estos servicios, su firma y una fotocopia de su DNI.

“La mayoría de los operadores actúa como si la cosa no fuese con ellos. El coste de las suscripciones suele rondar los 35 euros, por lo que medidas como la de Orange, que avisa a sus clientes cuando la factura supera los 40 euros, se quedan cortas. Vodafone va más allá y se atreve a firmar con su marca el primer mensaje enviado por la empresa, colaborando así a confundir más que a informar. Y eso que los operadores podrían acabar fácilmente con esta situación. Bastaría con bloquear las suscripciones y que el cliente tuviese que llamar en persona para activarlas (momento en el que se le informaría al detalle de sus características y su precio)”, señala la OCU.

CEACCU considera que una de las formas más efectivas de enfrentarse a este engaño es instaurar el sistema de opt-in, que exige la contratación  y autorización expresa del servicio, modelo que rige en la mayoría de los países de Europa.

En caso de que haya sido una de las personas que ha sufrido una suscripción no deseada, CEACCU recomienda enviar la palabra BAJA en un SMS al número desde el que le están enviando las alertas. Después deberá informar a su compañía telefónica para que bloquee la tarificación de cualquier otro mensaje que pueda enviar la empresa en cuestión y posteriormente realizar la reclamación pertinente. FACUA recomienda que las reclamaciones se hagan por escrito si la cuantía supera los 20 euros, tanto ante la empresa que nos está cobrando este servicio que no se ha solicitado, como ante nuestro operador móvil. “Además, yo aconsejaría a los consumidores que acudieran a la asociación de consumidores que estimen más oportuna, porque van a obtener mejores resultados que si lo hacen por cuenta propia”, señala el asesor jurídico de FACUA Enrique Piñero. Tampoco estaría de más, tal y como recomienda Samuel, presentar una queja ante la Agencia Española de Protección de Datos, ya que las empresas que llevan a cabo este tipo de actuaciones normalmente consiguen obtener los datos personales de los clientes vulnerando los principios recogidos en la ley de protección de datos. De hecho, señala Samuel, “cuando se comiencen a resolver las quejas presentadas por ‘Rico al instante’, la empresa gestora de estos sms va a tener que explicar por qué tenía el número de teléfono de las personas a las que envió el mensaje, si muchas de ellas no habían solicitado participar en este concurso, ni en ninguno similar”.

Si la cantidad que el consumidor perdió excediera los 400 euros, existe la posibilidad de realizar una reclamación vía judicial, para la que necesitaría la asistencia de un abogado. Si es inferior, puede optar a llevar a cabo una denuncia colectiva junto con otras personas que se encuentren en la misma situación.

“Ahora normalmente ya obligan a poner la palabra ALTA en este tipo de mensajes que se publicitan por televisión y el primero que se envía es gratuito, es el segundo cuando te cobran”. No obstante, señala Samuel, “yo les diría a los telespectadores que estuvieran atentos, ya que este tipo de mensajes-gancho siguen existiendo. En Cuatro, antes de cada bloque publicitario de un concurso que emiten por la tarde, salen una especie de retos que son muy fáciles de resolver del tipo: “¿cuántas bolas ves en la pantalla?: 6, 8, 9 ó 12″. Ese es el tipo de mensajes ante los cuales se debe estar muy atento, porque de lo contrario te pueden enganchar casi sin darte cuenta”.

“¿Tienes un chaleco reflectante en el coche?”, le preguntaron a Paco Cebrián en su primer día de trabajo en la empresa Lesma Handling, encargada del trabajo en pista de la compañía aérea Ryanair. “Porque si es así empezamos ahora mismo”, le dijeron. “Y allí me vi en plena pista, junto a los aviones, descargando maletas, sin ningún tipo de formación y rodeado de compañeros que iban hasta en bañador, con los chalecos de sus coches,  sin uniforme alguno y sin ninguna idea de cuestiones de seguridad ni del oficio”, resume el trabajador de Lesma Handling que lleva ocho años en su puesto en el aeropuerto de Reus, en Cataluña.

(AP Photo)

“Desde entonces la situación ha mejorado, pero seguimos siendo la única compañía que conozco en España que descarga las maletas a mano porque nos dan tan poco tiempo y somos tan pocos trabajadores que usar la cinta mecánica es una utopía”, explica Cebrián. “El 95 por ciento de los vuelos los hacemos entre dos personas y contamos únicamente con 25 minutos por cada vuelo para rentabilizar al máximo los aviones. Otras compañías tienen como mínimo 45 minutos o una hora. Nosotros cargamos alrededor de 150 maletas a pulso. Para poder usar la maquinaria correspondiente necesitaríamos una tercera persona, pero la empresa se la ahorra. ¿Por qué gastar ese dinero si le dan igual nuestras lesiones? Yo ya he tenido seis bajas por la espalda desde que trabajo aquí”, explica.

“Están abaratando costes día a día apretando las tuercas a un trabajador que ya de por sí partía de una situación pésima”, explica Armando Oliver, representante de Comisiones Obreras en el Aeropuerto de Málaga. “Un jefe de rampa que está a 40 horas semanales cobra poco más de 900 euros y eso después de llevar ya varios años trabajando para la compañía. Y ahora es cada vez más difícil conseguir una jornada completa”, explica Cebrián. “La tendencia actual es irse poco a poco deshaciendo de los trabajadores fijos o que venían subrogados de otras empresas con un convenio mejor, para ir contratando nuevos a través de agencias de trabajo temporal. Han convertido el trabajo en pista en un empleo precario que hacen jóvenes sin otra opción laboral y sin ninguna estabilidad”, cuenta Oliver.

Similar es la situación del personal de administración y de facturación de Lesma Handling, según nos cuenta un trabajador aterrado ante la mera posibilidad de que se conozca su identidad. “No puedes imaginarte la presión que sentimos. Son profesionales del estrés, las amenazas y dinamitar la autoestima”, cuenta a Periodismo Humano. “Se publica mensualmente un ranking en el que aparece el número de maletas que cada trabajador ha cobrado en puerta de embarque porque sobrepasan las medidas establecidas por Ryanair para el equipaje de mano. Nos alientan a que saquemos todo el dinero que podamos al consumidor. El trato que le demos es lo de menos. Tu valor como empleado depende del dinero que eres capaz de generar”, explica.

El trabajador cuenta a Periodismo Humano que en el caso de que se olviden de cobrar algunas de estas maletas que no cumplen las medidas demandas, la empresa les rebaja 60 euros de sus nóminas por cada una de ellas. “Si se te pasa cobrar tres maletas, ya casi estás perdiendo dinero porque trabajando a tiempo parcial ganas poco más de 200 euros mensuales y tienes que pagarte el transporte hasta el aeropuerto y el aparcamiento”, explica. “Si te pones enfermo y te marchas a tu casa, te descuestan 8 euros por cada hora que estás fuera aunque traigas el justificante médico”.

Empleados que se describen como desbordados y que se sienten apresados entre las presiones de la empresa y las agresiones verbales y “físicas” de algunos clientes, según nos cuenta un trabajador, “que pierden los nervios ante un trato por parte de la compañía de vuelo que consideran insultante”.  Lo que curioso es que precisamente esta actitud “prepotente y desconsiderada” hacia el cliente es uno de los rasgos que más denuncian organizaciones de consumidores como CEACCU o FACUA. “Nosotros creemos que actúan así siguiendo unas directrices de la propia Ryanair que parece formar a su personal más con el perfil del tendero de un bazar que como un profesional especializado que tiene que velar por la seguridad y bienestar del viajero” explica Rubén Sánchez de FACUA.

“Se sacan trucos de la manga para ponerle más difícil las cosas al cliente. Un ejemplo muy claro es que Ryanair es la única compañía que exige que los niños tengan el DNI y no le vale con el Libro de Familia, como establecen la normativa de navegación aérea. Mi interpretación desde dentro es que actúan así para aprovecharse de los pasajes de aquellos a los que no se les permite volar”, explica uno de los trabajador de Lesma Handling. Este mismo mes CEACCU informaba de la sentencia reciente que obliga a Ryanair indemnizar con más de tres mil euros a una familia de Córdoba por no permitírseles embarcar con sus dos hijos de tres años y seis meses en un vuelo entre Fuerteventura y Madrid.

Unas condiciones de “bajos vuelos”

También recurre al anonimato el integrante del personal de vuelo de una de las empresas contratadas por Ryanair que nos pone al corriente de su situación. “Ya en la entrevista de selección te das cuenta del modo en que te van a tratar. Sin darte a penas información sobre el puesto, te piden datos personales como tu número de cuenta y te dicen que si quieres trabajar con ellos tienes que pagarte tú mismo la formación, que no baja de los dos mil euros”, explica. “Aunque sin duda lo más increíble es que sólo nos pagan por la horas de vuelo y no por los retrasos o el tiempo que pasamos en tierra esperando. Si un avión se avería y te tienes que quedar en un destino, te pagas tú mismo el hotel”, cuenta. “Y, por supuesto, nada de abonarte ni la comida ni el uniforme. ¿Para qué si pueden descontártelo de tu sueldo?”.

“Los trabajadores españoles de Ryanair y sus empresas contratadas están sujetos a la legislación laboral irlandesa que es totalmente tercermundista. No tienen ningún tipo de derecho sanitario en España porque, a efectos legales, es como si estuvieran aquí de vacaciones. Ni un solo día de baja pagada, ninguna cotización a nuestra Seguridad Social. Incluso obligan a algunos pilotos a cobrar en paraísos fiscales si quieren trabajar con ellos”, cuenta Jorge Carrillo, miembro del departamento para el sector aéreo de Comisiones Obreras.

Periodismo Humano ha intentado sin éxito contactar con Lesma Handling y otras de las compañías que contrata Ryanair para realizar las labores de vuelo (Cavok) con la intención de contrastar los testimonios de sus trabajadores. Si cualquiera de las mencionadas, desea que su versión sea publicada en este artículo, se añadirá inmediatamente. También nos dirigimos al gabinete de prensa de Ryanair en Dublín. Sin embargo, la compañía aérea se niega a hacer declaraciones sobre ningún trabajador que no esté directamente contratado por la empresa. Los trabajadores entrevistados afirman que “para llegar formar parte directamente de la plantilla de Ryanair, si se logra, es necesario pasar años de precariedad laboral en algunas de las empresas que le prestan servicio”.

“Al final trabajamos aquí porque no nos queda otra, con la esperanza de coger experiencia y cambiarnos a otra compañía. El problema es que Ryanair está ganando terreno día a día y parece que empieza a marcar las pautas”, explica el trabajador de vuelo. Las cifras parecen darle la razón. Ryanair prevé crear más de mil nuevos puestos de trabajo este año, entre pilotos, tripulantes de cabina, ingenieros y profesionales del departamento de ventas durante el año 2012. Lo conseguirá gracias a la creación de cinco nuevas bases en Dinarmarca, Polonia, Reino Unido, Chipre y, la que comenzará en España, concretamente en Palma de Mallorca. La compañía tiene programado inaugurar 17 nuevas rutas a partir de la primavera de 2012 y su flota pasará de 270 a 305 aviones. A pesar del encarecimiento de los precios del combustible, Ryanair adelanta que durante el presente año sus beneficios podrían superar los 400 millones de euros.

Unas cifras en las que tienen mucho que ver las subvenciones de las que goza la compañía para volar a algunos destinos por su contribución al turismo local. La Generalitat de Catalunya y los ayuntamientos correspondientes, por ejemplo, han aceptado pagar cerca de seis millones de euros anuales para evitar que Ryanair deje de operar en los aeropuertos de Girona y Reus con la consecuente disminución en el número de turistas.

Cápsulas de vitaminas

Según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) la venta de multivitamínicos en el mundo se multiplicó por 20 en los últimos 15 años, mientras que las vitaminas C y E crecieron hasta 15 veces y los alimentos enriquecidos hasta 17. Estos productos se pueden vender libremente, desde en supermercados hasta farmacias pasando por herbolarios o tiendas dietéticas, sin tener como requisito la supervisión o consejo de un profesional de la salud. Los europeos gastan al año 1.500 euros en complementos alimenticios y el 20% de los españoles confiesan tomarlos o haberlos tomado en alguna ocasión. Se venden como productos para la pérdida de peso, evitar la caída del cabello, mejorar la práctica deportiva, o incluso, para prevenir síntomas de enfermedades, pero ¿son conscientes los consumidores de cuáles son los riesgos de su consumo y si las propiedades que se publicitan en ellos están realmente demostradas?

“Hace unos años decidí adelgazar algunos kilos, por lo que me fui a una clínica privada especializada en nutrición”, comenta Soledad a Periodismo Humano. “En esa clínica, en la que creí ponerme en manos de profesionales, me recetaron unas pastillas que me enviaban directamente a casa, sin ningún tipo de marca en su caja que las identificara y que nunca supe de dónde venían. En 3 meses mi peso bajo de 62 a 47 kilos, pero comencé a sentirme mal: no tenía ganas de comer, me provocaron insomnio y solo me apetecía estar activa. Dejé de tomarlas porque la madre de un chico, que también seguía este tratamiento, me alertó. A su hijo le dio un ataque de ansiedad y en el hospital le dijeron que fue provocado por las pastillas que estaba tomando, porque llevaban anfetamina. Al tiempo me enteré de que prohibieron su venta. La clínica que me las recetó sigue en funcionamiento”.

Los complementos alimenticios son productos que nacen con la supuesta finalidad de ayudar a la población a alcanzar la ingesta diaria recomendada (IDR) de nutrientes (vitaminas, minerales…) en caso de dietas carenciales, aportando estos compuestos en forma dosificada. Los consumidores los compran con la idea de alcanzar un buen estado de salud, además de protegerse frente a las posibles agresiones al organismo. La población asocia estos productos a la idea de “tratamiento natural” sin efectos adversos. Sin embargo, recientes estudios demuestran como el exceso de la ingesta de determinados complementos alimenticios, de multivitaminas y minerales, pueden producir efectos negativos para la salud.

Las industrias de complementos alimenticios utilizan la salud como objetivo en su publicidad, contemplando incluso la prevención y el tratamiento de enfermedades, a través de una publicidad engañosa, “que invita casi el milagro o la fácil solución a los problemas de salud y enfermedad”, según la Confederación Española de Organizaciones de Amas de casa, consumidores y usuarios (CEACCU). Los expertos en el tema alertan de la importancia de saber diferenciar entre la enorme variedad de productos disponibles en el mercado, a aquellos que no cumplen con su oferta y que potencialmente pueden significar un riesgo para la salud.

En una reciente investigación de CEACCU se demuestra que un 68 % de las WEB analizadas que venden complementos alimenticios (del total de las 53 que se han examinado), presentan irregularidades, al igual que el 81% de la publicidad de los productos que ofertan en ellas. “La publicidad de algunos de estos suplementos está basada en declaraciones ambiguas y en ocasiones falsas que invitan a pensar que los suplementos mejorarán la salud sin más esfuerzo con frases como las siguientes: Protección celular antienvejecimiento, Protege tu corazón, Aumenta tus defensas, Aumenta tu energía, Combate el agotamiento, Depúrate, Estimula tu alegría o Revitalízate”.

En una encuesta realizada por CEACCU sobre los hábitos de los consumidores en relación a los complementos alimenticios, una proporción de los encuestados confiesan tomar estos productos en prevención y tratamiento de enfermedades; de estos, el 30% lo consumían con la expectativa errónea de estimular las defensas, el 72% de la población considera que estos productos están exentos de riesgo, el 83’7% creen que sus beneficios están demostrados y el 57’9% creen que son una forma de prevenir las enfermedades.

“Hemos encontrado situaciones en las que el consumidor accede a WEB en español con la opción de comprar pensando que el producto cumple con la legislación española, cuando en realidad no es así. Hemos comprobado que algunos proceden directamente del extranjero, por ejemplo de Miami o de Luxemburgo, sin pasar por los canales de venta nacionales. En el caso norteamericano el etiquetado estaba en lengua inglesa (no insertaban etiqueta con las menciones exigidas por legislación española), violando así el derecho básico del consumidor a la información”.

El decreto que regula los complementos alimenticios (RD 1487/2009) no exige pruebas clínicas que demuestren las indicaciones y eficacia del producto, a diferencia de los medicamentos. Sin embargo, al tratarse de alimentos, las “declaraciones” saludables realizadas sobre el producto deben de ser valoradas y aceptadas por las Autoridades Sanitarias Europeas, según el Reglamento 1924/2006. Dado el marketing y la publicidad asociada a estos productos, en ocasiones engañoso, el mercado europeo de complementos alimenticios no deja de crecer, alcanzando la cifra de 1500 millones de euros al año (estudio Nutridiver), no estando exentos de riesgos para la salud de los consumidores.

Desde el año 2002 los complementos alimenticios tienen una normativa legal en la Unión Europea. Hasta ese momento cada Estado miembro trataba de forma diferente a estos productos, cuyo mercado crecía anárquicamente incorporando declaraciones “terapéuticas”, tanto en la publicidad como en el etiquetado de los mismos.

Con el fin de proteger la salud del consumidor y sus derechos en materia de información la Unión Europea publicó la Directiva 2002/46/CE del 10 de junio en materia de complementos alimenticios. En dicha norma se señala como una dieta equilibrada debe ser capaz de aportar todos los nutrientes. En España, el ordenamiento jurídico interno incorpora dicha Directiva mediante el RD 1275/2003 que a su vez es derogado por el RD 1487/2009, relativo a los complementos alimenticios.

Acorde con las normas relativas a los complementos alimenticios, la información que debe incorporarse en el etiquetado de estos productos, aplicando también las disposiciones de la legislación sobre etiquetado de alimentos (Directiva 2000/13/CE relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de etiquetado, presentación y publicidad de los productos alimenticios), es:

• la denominación de venta (“complementos alimenticios”)
• la denominación de las categorías de nutrientes o sustancias que caractericen el producto
• dosis diaria del producto recomendada por el fabricante
• advertencia de no superar la dosis diaria recomendada
• afirmación expresa de que el producto no debe utilizarse como sustituto de una dieta equilibrada
• indicación de que el producto debe mantenerse fuera del alcance de los niños
• la cantidad de nutrientes o de sustancias con efecto nutricional o fisiológico en forma numérica y por dosis de producto.

Sin embargo, según el estudio de CEACCU, de los 45 productos analizados, el 58% presentan irregularidades en el etiquetado, de los cuales, casi el 29% no incorporan todas las menciones exigidas por la legislación o quedan relegadas a zonas menos visibles del envase y con un tamaño de letra pequeño que afectaba a la legibilidad.

“Lo recomendable es una dieta saludable. Con eso debería ser más que suficiente para estar sano”, es la recomendación de Gregorio Varela Moreiras, el presidente de la Fundación Española de Nutrición (FEN). En caso de que se necesitará el uso de este tipo de complementos, ha de ser porque así se lo haya recomendado un especialista en el tema.

“La dación en pago debe ser una excepción, pero la triste realidad es que algunas viviendas que entregan las familias es el único activo que tienen”, comentó de Guindos en el Congreso de los Diputados. Ésta es una de las medidas que forma parte del paquete de medidas recogidas por el gobierno en un ‘código de buenas prácticas’ dirigido a las entidades financieras, de carácter voluntario, motivo principal por el cual la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) presentó una propuesta por medio de Joan Coscubiela de Iniciativa per Catalunya Verds (ICV) en el Congreso. En ella se pedía la aprobación de la dación en pago con efectos retroactivos para aquellos casos de residencia habitual y deudores de buena fe. Una dación en pago obligatoria para las entidades financieras, y no voluntaria como la promovida por el ministro de Guindos. El pasado martes 6 de marzo se votó la propuesta en el Congreso dando como resultado 36 votos a favor, 181 en contra y 118 abstenciones. El PSOE opto por esta última opción, la de abstenerse. Debido a este resultado se aprobará por decreto ley un código de buenas prácticas voluntario para la banca, lo que se había propuesto desde el inicio por parte del ministerio de Economía. Tal y como advirtió de Guindos el día que presentó la propuesta, “habrá que actuar con cautela” para evitar un acogimiento a esta cláusula de forma “abusiva y fraudulenta”. Los bancos, por su parte, podrán deducirse las pérdidas de la dación en pago que se produzcan.

Para la coordinadora de Stop Desahucios Bizcaia, Marta Uriarte, esta medida “es humo”, y lo dice por propia experiencia. Marta se vio obligada a ponerse en huelga de hambre y acampar el domingo 4 de marzo frente a la sede de Kutxabank en la Gran Vía de Bilbao -que abandonó al día siguiente por sufrir una hipoglucemia-, debido a que su familia no puede hacer frente a la hipoteca. Solicita la dación en pago, que por el momento, el banco le deniega. Lo único que ha conseguido es un aplazamiento de la subasta de su casa que estaba previsto para este jueves. “Mi marido no tiene empleo, yo trabajo media jornada y mis 2 hijos están estudiando. No podemos hacer frente a los 1.000 euros de hipoteca mensuales, esa medida que proponen desde el gobierno es absolutamente irreal”, comenta Marta a Periodismo Humano en una conversación telefónica.

Tatiana, Aunar y su hija serán recordados por ser la primera familia a la que el 15M consiguió ayudar a parar su desahucio, de lo que hace ya 8 meses en el barrio de Tetuán (Madrid). También serán recordados por ser los primeros en conseguir que el banco condonara su deuda el pasado 28 de febrero -condonación porque la vivienda ya había sido subastada, la dación en pago es antes de que se produzca la subasta-.

“Lo hemos conseguido gracias a la ayuda de los movimientos sociales y a la presión que se ha ejercido sobre los bancos, no gracias a de Guindos”, Tatiana lo tiene muy claro y así se lo hace saber a Periodismo Humano. Sin embargo la negociación con el BBVA, con la que esta familia tenía una deuda hipotecaria que ascendía a unos 400.000 euros, incluidos los intereses, no fue nada fácil. “El banco estaba buscando la manera de que rechazáramos la condonación. De hecho, nosotros pedíamos la condonación total de la deuda y 2 meses de alquiler social y ellos llamaron a nuestro abogado diciéndole que solo nos concedían la condonación de la deuda. Como nos negamos, convocaron inmediatamente a los medios de comunicación para decirles que nosotros rechazábamos la condonación, por lo que tuvimos que hacer una contra convocatoria para explicar cómo había sido la situación. Luego, a última hora del día, in extremis, el banco se puso en contacto con nuestro abogado para decirle que nos concedía la condonación y los dos meses de alquiler, pero que teníamos que abandonar inmediatamente la vivienda. Nosotros no tenemos apego a los bienes materiales, sino a nuestros derechos. Ahora que no tenemos la deuda, me siento libre”.

Tanto Tatiana como Anuar llevaban 2 años en paro sin percibir ningún tipo de prestación. “Al principio vivíamos de nuestros ahorros, luego de lo que nos iban dando familiares y amigos”, pero no cree que esto haya sido el motivo principal para que el banco le condonara la deuda, sino la presión social de la gente que les ha ayudado y a la que se sienten tremendamente agradecidos. “Esa medida de la dación en pago”, dice Tatiana, “es una tomadura de pelo, porque ya existe en la Ley hipotecaria que esto se pueda producir, sujeto a la voluntad del banco”.

Según la Asociación de Afectados por Embargos y Subastas (AFES), entre 2008 y 2015, alrededor de 510.000 familias perderán su vivienda debido a ejecuciones hipotecarias. En la última memoria del Consejo General del Poder Judicial se lee que en 2010 se produjeron cerca de 100.000 ejecuciones hipotecarias con resultado de embargo, 4 veces más que al inicio de la crisis. A pesar de este aumento del número de familias en quiebra, los ciudadanos no disponen de un mecanismo adecuado para negociar el pago de las deudas, según la Confederación Española de Organizaciones de amas de casa, consumidores y usuarios (CEACCU), que considera “muy insuficiente” la propuesta del gobierno. Argumenta para ello que esta propuesta se dirige a un colectivo tan vulnerable, que el banco una vez recuperada la vivienda, carece de expectativas reales de cobrar el resto de la deuda. Además, afirma CEACCU, el actual mínimo inembargable ya contempla, indirectamente, estos supuestos. Ante esta realidad, y cuando los casos particulares de desahucios que se están dando en España resultan “un auténtico drama social”, CEACCU ha puesto en marcha una campaña que puedes firmar en Actuable para pedir a los Grupos Parlamentarios y al ministerio de Economía que cambien las leyes para que se equipare a las “familias en quiebra” con las “empresas en quiebra”, de tal modo que puedan liquidar sus deudas con los activos disponibles en el momento de la quiebra. También solicita CEACCU que se habilite un procedimiento sencillo y sin costes para las familias, alternativo al concurso de acreedores, teniendo en cuenta el gasto adicional que representa este sistema, y que en el proceso de renegociación de la deuda, se contemplen garantías para las familias en situación de quiebra sobrevenida -por paro o enfermedad- que evite los embargos y permita mantener la vivienda habitual.

Pincha sobre la imagen para firmar la campaña de Ceaccu por una 'Ley de segunda oportunidad'

El pasado 1 de marzo la relatora especial de la ONU sobre el derecho a una vivienda digna, Raquel Rolnik, invitada por el observatori DESC se reunió en Barcelona con más de un centenar de personas que están sufriendo, o ya han sufrido, ejecuciones hipotecarias y que están amenazadas de desahucio. En esta charla Rolnik instó a los afectados a que sigan ofreciéndose apoyo solidario colectivo para combatir esta situación a la que se ha llegado “que no es responsabilidad del banco, sino del gobierno”. Recordó a los participantes que todo este tipo de acciones que se están llevando a cabo contra los desahucios “están rigurosamente definidas y protegidas por el Derecho Internacional y por el derecho a una vivienda adecuada”. Aseguró Rolnik que no se trata de un problema local o de una comunidad en concreto, sino que es un problema global “porque las historias que estoy escuchando acá, las escuché en EEUU, Kazajistán, Turquía… en los lugares más inimaginables del mundo. Exactamente las mismas historias”, a lo que concluyó: “A pesar del drama, esta es una buena oportunidad para demostrar a todos que el paradigma de la mercantilización de la vivienda, que en los últimos 20 años se fue difundiendo por todo el mundo, ha sido un gran fracaso”.

“Nosotros salimos la madrugada del 29 de febrero de la vivienda y horas más tarde estábamos participando en una convocatoria para parar un nuevo desahucio. Seguiremos luchando para que todo el mundo opte a una vida digna. Lo que hemos conseguido nosotros, lo vamos a conseguir para todos. Que lo tengan claro.”, concluye Tatiana con voz firme.

Pincha para ver toda la cobertura de Periodismo Humano sobre los desahucios

Imagen publicitaria de Invercapital.

“Hemos tenido que vender el piso para poder pagar y encima la cantidad que pedimos se ha triplicado por los intereses de demora”, explica a Periodismo Humano a través de correo electrónico una familia que acudió a Invercapital para reunificar sus deudas ante los problemas económicos por los que atravesaba. “Lo que hicieron en un primer momento fue darnos un crédito de urgencia con la promesa de que lograríamos, gracias a su intermediación,  que un banco convencional nos concediera un préstamo a un buen interés y con un plazo más llevadero para nosotros. Después nos dejaron en la estacada y la bola de nieve de nuestro crédito había crecido tanto que fue inevitable malvender nuestra vivienda para pagar. Sabíamos que los intereses eran altos pero lo que nos encontramos nos parecía increíble”.

Intereses más que  elevados que rozan el concepto de usura, comisiones de dudosa legitimidad en algunos casos, según las organizaciones de afectados, que se cobran masivamente, créditos que se conceden con el aval de una vivienda a familias en una situación financiera crítica a sabiendas de que lo más probable es que no puedan pagar, prestamistas que se dirigen conscientemente a personas sin nómina, incluso morosos ya registrados en las listas de la ASNEF y a los que no se les exige ningún tipo de garantía… Son ejemplos del modus operandi de todas esas compañías de créditos rápidos que proliferan y se han triplicado al calor de la crisis económica y que han hecho del riesgo de impago materia prima de sus negocios.

Desde CEACCU se han analizado algunas de las más conocidas compañías que conceden estos créditos rápidos. El resultado es que, por regla general, la publicidad de estas empresas no deja suficientemente visibles las condiciones económicas de estos créditos, aunque sí se destaca que se puede devolver el préstamo en cómodas cuotas. Hay que prestar especial atención antes de solicitar cualquiera de estos créditos y no dejarse llevar por el impulso que suele generar este tipo de promociones en personas que, en muchos casos, ya se encuentran desesperadas por el callejón económico que padecen.

Es imprescindible antes de firmar tener una idea clara de cuál será su coste total. Esta cantidad se compone del importe solicitado, más los intereses que irán añadidos, las comisiones de apertura, cancelación y de cualquier otro tipo, y los seguros que la empresa obliga a contratar  y de los que en muchas ocasiones no se informa convenientemente al cliente, lo que supone un incumplimiento de la Directiva de Crédito al Consumo, como señala la Unión Europea. En el caso de que se ponga la vivienda como aval, también hay que tener en cuenta los gastos notariales del proceso que, según los afectados, pueden llegar a ser muy elevados.

Dependiendo de la cuantía de estas comisiones, intereses y seguros, las cuotas a devolver varían significativamente en compañías que parecen similares. Por ejemplo, CEACCU informa de que un préstamo de 3.000 euros a devolver en un plazo de 48 meses nos da unas cuotas mensuales que oscilan entre los 78 y los 113 euros dependiendo de la empresa. O lo que es lo mismo, por pedir tres mil euros, el dinero que tendremos que devolver varía de  3.744 a 5.424 euros entre las distintas compañías de créditos rápidos recogidas en el estudio. Es indispensable, por tanto, sentarse a echar cálculos y saber realmente lo que se está firmando.

Sobre todo porque los intereses pueden resultar astronómicos en algunos de estos créditos rápidos. “Hay personas que han pedido 22.000 euros y ahora tienen que pagar 432.000. En algunos casos, los intereses de demora más los gastos notariales de las operaciones en las que se ponen viviendas como aval son tan elevados que rozan la usura”, explican desde AFINES, asociación creada para luchar contra lo que consideran estafas en los créditos rápidos.

Foto: Samwise Gamgee

En CEACCU recuerdan que las comisiones de demora, es decir, las que se abonan cuando no se pagan las cuotas cuando corresponde, no pueden ser 2,5 veces superiores al interés legal del dinero, en la actualidad en un 4%, según el artículo 19.4 de la Ley 7/1995 de crédito al consumo. También hay que tener cuidado porque el interés nominal de este tipo de préstamos suele estar entre un 22-24 %, mientras que los convencionales se cifran en torno a un 10-12%. No hay que olvidar tampoco las comisiones de apertura que pueden llegar al 10% en algunos casos, ya que es habitual que existan cantidades mínimas sea cual sea el importe prestado. Conviene también, según CEACCU, en aquellos préstamos en los que se da un bien como garantía, cerciorarse de que se asegura el valor real del mismo tanto en su envío como en su devolución. No basta, como hacen algunas compañías, un simple envío certificado del objeto

Como conclusión, la única ventaja de este tipo de préstamos es su rapidez y la sencillez de las gestiones para recibir el dinero. Como contrapartida, lógicamente, está el riesgo de un veloz sobreendeudamiento por los alto intereses y comisiones. Es imprescindible no dejarse cegar por el difícil momento presente y elaborar una estimación año a año de las cantidades que habrá que abonar. También es esencial desconfiar de las empresas que prometen un reagrupamiento de las deudas y unas condiciones de pago más desahogadas gracias a la concesión de un nuevo crédito de una compañía bancaria. Si un banco no quiere prestar dinero a una familia por su situación financiera, muchos menos lo hará después de pasar por las manos de una empresa de financiación que ha tomado la vivienda como aval y ha sumado aún más partidas a la deuda.

Afectados por las preferentes de la Asociación de vecnos Canvidalet

• La Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros en Madrid, ADICAE Madrid, convoca para mañana viernes, día 17 de febrero a las 10:00 horas una acción informativa y reivindicativa que parte de la Plaza de Callao sobre el fraude de las participaciones preferentes.

Un matrimonio de 80 años, la mujer con una minusvalía del 70%. Les colocaron 95.000 euros -los ahorros de toda una vida- en participaciones preferentes bajo la argumentación de que “era una pena tener el dinero a la vista en la cuenta en la que cobran la pensión”, en una sucursal de Caixa Nova de Vigo.

Ama de casa sin estudios y agricultor jubilado. Matrimonio de 74 años de edad, Málaga. Les comercializaron unas participaciones preferentes de 95.000 euros y dos deudas subordinadas de 47.000 y 18.000 euros en la CAM. Se lo vendieron como un depósito a plazo fijo. Ahora con la crisis se encuentran en una situación de necesidad económica y no pueden recuperar sus ahorros.

Matrimonio de 85 años, que solo cobra pensión por jubilación el marido, y que tienen dos hijos a su cargo: una de ellos que padece una enfermedad psíquica y el otro es parado de larga duración, ambos de mediana edad. Tienen 70.000 euros en un plazo fijo ‘doble ahorro combinado’: participaciones preferentes, deuda subordinada y obligaciones mediterráneo, todo ello en la CAM. Ambos padecen ansiedad y depresión provocada por la situación en la que se encuentran.

Y así se podrían estar enumerando hasta aproximadamente un millón los casos –que se sepan por ahora- de las familias afectadas por los ‘productos tóxicos’ que en los últimos 10 años, 52 bancos y cajas de ahorro españolas -sobre todo estas últimas- han comercializado de forma irregular entre sus clientes, bajo la apariencia de ‘depósitos a plazo fijo’ con rentabilidad garantizada, y casi siempre ante un perfil de consumidor de edad avanzada que buscaba completar su jubilación con los ahorros de toda una vida.

La mayor parte de los afectados que han denunciado aseguran que nadie les informó  de los riesgos de estos productos, especialmente de la escasa o nula liquidez, y de su perpetuidad. Se han encontrado con esto cuando han ido a retirar sus ahorros y su entidad bancaria se ha negado a dárselos.

“En mi caso me dijeron que había riesgo cero y una liquidez de 48 horas si quería recuperar el dinero. Me siento totalmente estafada”. Carmen, casada y con dos hijos de 16 y 13 años, confió en La Caixa, entidad en la que tenía sus ahorros. “Jugaron con la confianza personal que estas entidades tenían con nosotros”. Ingresó 100.000 euros para que le fueran rentuando, “sabían que lo quería para comprarme una casa”, pero todavía no ha podido recuperar ni un euro de ese dinero, ni se ha podido comprar la casa para la que tanto ella como su marido venían ahorrando desde hacía muchos años.

“La realidad es que estamos ante un producto no solicitado ni buscado por los clientes, vendido irregularmente sin atender en modo alguno a lo que los consumidores querían o les convenía, y sin suministrar la información previa imprescindible, además de que genera importantes pérdidas para el usuario después de haber sido colocado como si se tratase de inversiones a plazo fijo cuando se trata de deuda perpetua, no amortizable, salvo a elección de la entidad, y no cubierta por el Fondo de Garantía de Depósitos”, señala Pablo Mayor, representante de los servicios jurídicos de la Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros de España (ADICAE), plataforma en la que se agrupan cerca de 30 mil familias afectadas .

El Banco de España ha mostrado cierta preocupación por la alarma social que se está generando, “pero no ha tomado medidas eficientes para resolver el problema”, indica Manuel Pardos, presidente de ADICAE,  para quien además, “el Gobierno se está lavando las manos. Ahora el ministro de Economía, Luis de Guindos, se descalza con una medida compleja proponiendo a las entidades que durante un año puedan mantener a los ahorristas en el corralito, sin pagar los intereses del cupón. Si el Gobierno anterior permitió la creación de este corralito, el actual lo está incluso protegiendo”

Ante la falta de respuesta satisfactoria con sus clientes, ADICAE ha decidido demandar de forma judicial al Banco de Sabadell, BBVA, CAM, Catalunya Caixa, La Caixa, Nova Caixa Galicia, Banco Santander y Banca Cívica y sus respectivas filiales, por la masiva comercialización fraudulenta  de participaciones preferentes, con las que estas entidades han contribuido a crear un corralito al ahorro en España del que el millón de familias que son víctimas han invertido, en total, alrededor de 30.000 millones de euros. “Estamos ante el mayor fraude al ahorro familiar en los últimos tiempos. Mayor incluso que los de AVA, Gescartera o Forum y Afinsa”, señala Pardos.

La colocación de estos productos tóxicos se pusieron en marcha porque las entidades necesitaban captar dinero en época de crisis optando por la forma más beneficiosa para ellos y peor para el consumidor, según ADICAE. De lo que se trataba era de emitir participaciones que les computaran como fondos propios en su balance y fortalecieran la aparente solidez de la entidad. En cambio, el consumidor ve totalmente inmovilizado su ahorro en un producto perpetuo y se coloca como accionista del banco pero sin ningún tipo de derecho, como por ejemplo, el de votar.  “Nos hemos encontrado con un contrato de participaciones preferentes de la CAM cuya fecha de vencimiento es el 16 de diciembre del año 3000”.

La propia Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) -ante la que ADICAE denunció en octubre del año pasado a 52 entidades bancarias por la venta irregular de participaciones preferentes- en abril de 2009 publicó un folleto informativo en el que reconocía a las preferentes como “un producto complejo y de riesgo elevado” y advertía a los ahorristas que, en caso de insolvencia del emisor, o sea de la entidad bancaria,  se situaban en el orden de recuperación de los créditos, “por delante de las acciones ordinarias y de las cuotas participativas, en el caso de las cajas de ahorro”. Sin embargo, durante todo 2010 y 2011 las entidades bancarias han continuado emitiéndolas como forma de mejorar sus solvencia, ya que computan como fondos propios.

La Confederación Española de Organizaciones de Amas de Casa, Consumidores y Usuarios (CEACCU) califica como “preocupante” la percepción que de los productos de ahorro e inversión tienen los consumidores españoles. Un informe publicado por CEACCU determina la gran vulnerabilidad ante la que se encuentran los usuarios cuando se enfrentan a la contratación de este tipo de productos, debido al desconocimiento generalizado, no solo de características básicas de los mismos, como su riesgo o liquidez, sino especialmente, ante la responsabilidad que la normativa actual impone al consumidor en el seguimiento y adecuación de la comprensión sobre lo que está invirtiendo. Por este motivo CEACCU publicó ya en 2009, de forma totalmente gratuita, una “Guía práctica sobre productos de Ahorro e inversión”, que entre otras cosas, explica al consumidor en qué consisten opciones de inversión como las participaciones preferentes, los depósitos estructurados o los fondos de inversión libre (Hedges Funds), al tiempo que les ofrece recomendaciones y advertencias sobre cómo invertir con la mayor garantía.

Ante la alarma social las entidades financieras –especialmente La Caixa, Banco Sabadell, Banco Santander y BBVA- han ofrecido a cientos de miles de consumidores canjear sus participaciones preferentes por otros productos como acciones y bonos obligatoriamente convertibles en acciones. “Yo las canjee porque así me lo recomendó ADICAE”, dice Carmen, y como ella otros muchos afectados. “Si se acepta el canje se tienen unas acciones que pueden venderse fácilmente en bolsa pero que no se sabe qué valor, a la baja o a la alza, pueden tener. Si no se hace el canje, las preferentes se pueden vender en el mercado de renta fija AIAF de mala liquidez y de venta complicada, con una pérdida de valor importante”, señala ADICAE. El hecho de que el ahorrista se haya visto obligado a canjear sus preferentes, no le exime de su derecho a recuperar el 100% de su dinero. “Yo no estoy dispuesta a renunciar ni a un euro”, advierte Carmen. Desde ADICAE se exige que se restaure cualquier daño que hayan sufrido los usuarios debido al canje, ya que este se realizó sin ofrecer la información adecuada sobre cada uno de los productos. En este sentido el presidente de la plataforma ADICAE recomienda  a las autoridades que “vigilen de cerca” el canje inminente que planteará Bankia.

El crucero Costa Concordia (AP)

“Poco después de que el barco sufriera el primer golpe la compañera con la que viajaba y yo fuimos conducidos, junto con un grupo de otros 40 pasajeros, a una zona de la popa. Una vez allí se nos informó por megafonía de que todo estaba bajo control y de que el apagón de luz que había sufrido el barco se debía a un fallo en el generador que estaban intentando arreglar.  Una hora y cuarto más tarde de que eso sucediera, y al darnos cuenta de que el barco se ladeaba hacia un costado de forma preocupante, decidimos tratar de salir de allí por nuestra cuenta. En esos momentos ya nadie nos decía nada por megafonía sobre lo que realmente estaba pasando y sobre las pasos que teníamos que seguir para la evacuación”.

Juan José Quevedo es uno de los 177 pasajeros españoles que viajaba a bordo del Costa Concordia, el barco que naufragó en las inmediaciones de la pequeña isla italiana Giglio el pasado 13 de enero. Se considera afortunado por no haber sufrido graves heridas físicas, ni padecer secuelas psicológicas tras el naufragio, “yo estoy bien, de lo contrario te mentiría”, afirma. Sin embargo, no está dispuesto a que como consumidor no se le respeten sus derechos: “no quiero más que lo que me corresponde”. Y la pregunta inmediata que se hace necesaria ante tal afirmación es: ¿y qué es lo que le corresponde a un consumidor que se ve implicado en una situación como la vivida por Juan José?

Existen una serie de cuestiones ineludibles ante las cuales Costa Cruceros, como empresa propietaria del buque Costa Concordia, debe responder ante los damnificados: el reembolso total de los gastos de viaje, el reembolso de cualquier gasto en el que se haya incurrido desde el naufragio hasta el viaje de regreso a casa, todos aquellos gastos que se hicieran a bordo del barco, cualquier gasto médico que el pasajero haya necesitado a causa del accidente y la devolución de los objetos de valor que estuvieran en las cabinas de seguridad, una vez hayan sido recuperados. Esto, por ahora, es lo que Costa Cruceros ha ofrecido por escrito en una carta a cada uno de los pasajeros. En lo relativo a la pérdida de objetos de valor o “compensaciones de otra naturaleza”, Costa Cruceros comunica en esa misma carta a sus clientes que se pondrá de nuevo en contacto con ellos lo antes posible.

“¿Y a mi quién me repone el valor de mi equipo fotográfico que no estaba en la cabina de seguridad y que he perdido?, ¿y el haberme fastidiado mis vacaciones?”, son las preguntas que se hace Juan José. También se pregunta cómo se le va a reponer a su compañera de viaje el hecho de que desde que volvió a casa tras el naufragio sea incapaz de dormir en cualquier lugar con las ventanas cerradas, porque se despierta aterrorizada.

“Lo que se les ofrece es lo de menos, lo demás está por determinarse”, comenta  Eugenio Ribón, asesor jurídico de la Confederación Española de organizaciones de amas de casa, consumidores y usuarios (CEACCU), que ha presentado la primera demanda judicial en los juzgados de Madrid contra Costa Cruceros, al considerarla propietaria del Costa Concordia . Esto supone, según CEACCU, el primer paso de una serie de acciones judiciales que traten de compensar, en la medida de lo posible, a los usuarios víctimas del naufragio por entender abusivas un tercio de las clausulas del contrato de esta compañía con sus clientes.
Por ejemplo, en referencia a las condiciones de venta online, en sus “normas generales de aplicación”, Costa Cruceros establece Italia como lugar de celebración del contrato, tanto al declarar la dirección la compañía, como cuando se hace referencia al “cierre” del mismo: “únicamente para los pasajeros considerados consumidores que hayan adquirido un crucero; los contratos correspondientes se consideran cerrados en Italia y se entiende que la Ley aplicable al contrato es exclusivamente la italiana”.
CEACCU solicita en su demanda la nulidad de esta cláusula apelando a la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico (LSSI-CE) que dispone que “los contratos celebrados por vía electrónica en los que intervenga como parte un consumidor se presumirán celebrados en el lugar en que éste tenga su residencia habitual”.
Particularmente lesivo para los afectados por el naufragio del Costa Concordia es la renuncia a los Tribunales españoles que impone su “norma general” décimo segunda del contrato, y que a juico de CEACCU, “la abusividad de esta estipulación deriva del desequilibrio que puede generar al consumidor el hecho de ser forzado a litigar en el fuero impuesto por el organizador, al margen de la concreta determinación de fueros y normas que puedan resultar aplicable por fijación de las reglas procesales vigentes”.

Sobre la custodia de los objetos de valor, el contrato de Costa Cruceros dice que “el Organizador no asume responsabilidad alguna por la custodia del dinero, documentos, títulos, joyas u objetos preciosos que no hayan sido recibidos para su depósito en dicha caja de seguridad, aún cuando estuvieran depositados en las cajas fuertes de los camarotes o en las de las habitaciones de los hoteles que presten servicios de alojamiento”. Frente a ello, CEACCU manifiesta en su demanda “la  pretensión de exoneración de responsabilidad por sustracción del equipaje o enseres de los usuarios en el ámbito de las condiciones generales de la contratación en los viajes combinados, ha sido rechazada con contundencia” tanto por la doctrina, como por la abundante jurisprudencia que CEACCU recoge”.

CEACCU ha optado por la concentración de fuerza contra el propietario del buque para evitar la diseminación de acciones de decenas de reclamaciones contra pequeñas agencias de viaje, ya que según el artículo 162 del Texto Refundido de la Ley General de Defensa de Consumidores y Usuarios (TRLGCU), “se establece una responsabilidad entre organizador y detallista”. Una demanda colectiva además, supone una dirección letrada única, lo que aumenta la eficiencia del proceso legal, reduciendo los costos del litigio para los afectados, además de ahorrar tiempo al evitar que se repitan las mismas pruebas y testimonios de juicio en juicio.

“Estamos intentando ponernos en contacto vía mail la mayor parte de los pasajeros de habla hispana que íbamos en el barco. Ya hemos hecho una pequeña reunión en Barcelona de 15 a 20 personas para ver qué tipo de acciones emprendemos contra la compañía. En principio, y aunque cada uno se ha ido a asesorar de forma individual, creemos que lo más efectivo puede ser poner una demanda conjunta, pero todavía estamos en la fase de tratar de organizarnos bien”. Pablo Ventrici viajaba a bordo del Costa Concordia con su mujer y sus dos hijos de 14 y 10 años. “En el caso de mi familia pensamos que ninguno de nosotros estaría afectado más allá de los daños materiales que perdimos en el barco, pero resulta que a mi hijo pequeño la psicóloga nos ha dicho que se ha visto afectado por el naufragio más de lo que aparenta. Así que también tenemos pensado reclamar por daños morales”.

Ante este tipo de situaciones CEACCU advierte a los pasajeros afectados que aceptar cualquier cantidad ofrecida por Costa Cruceros, sin ver qué tipo de indemnización sería la correcta, supondría renunciar a reclamaciones futuras. En el accidente del Costa Concordia, de demostrarse que fue debido a causa de una negligencia humana, la indemnización de los afectados superaría el límite establecido por la legislación europea y el artículo 101 de nuestro propio Código Civil en materia de transporte de pasajeros, por lo que habría que estudiar muy bien la cantidad que se pide para cada caso en concreto. “Eso es lo más complejo de todo, ya que por un lado estaría la indemnización básica que les corresponde a todos pasajeros que iban a bordo del barco, y luego habría que analizar cada caso en concreto en cuanto a daños físicos, materiales y morales producidos. Incluso en el caso de la familia del pasajero español fallecido en el naufragio, habrá que determinar qué cantidad se le tendría que ofrecer como indemnización, ya que de demostrarse que el accidente fue debido a una negligencia del capitán, como parece que indican las pruebas, se rebasarían los límites establecidos en la legislación vigente al respecto”.

En este sentido la Asociación de Consumidores y Usuarios de Madrid (CECU)  aconseja a los afectados a que “mantengan la calma” y no se precipiten en aceptar de entrada ninguna compensación económica o cantidad que puedan ofrecerles, a cambio de la renuncia de derecho. La CECU realizar la reclamación ante la agencia de viajes en la que se compró el crucero para que quede constancia, sin perjuicio de que posteriormente acudan a cualquier asociación de consumidores para recibir asesoramiento.

“Así es como tenemos pensado que lo vamos hacer la mayoría de los compañeros con los que he hablado”, comenta Pablo, “no nos queremos precipitar porque nos han dicho que tenemos tiempo”. En concreto 2 años, pero tal y como aconseja la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) es importante que la demanda se interponga “lo antes posible”.La OCU y CEACCU confían en que la compañía Costa Cruceros atienda con la máxima urgencia las compensaciones de sus clientes y no ponga obstáculos al cobro de las indemnizaciones correspondientes.

Sin embargo, como  han denunciado a Periodismo Humano varias organizaciones de consumidores, esta bajada minoritaria y puntual viene acompañada de una subida mucho menos visible y más general en otro tipo de comisiones más “discretas”. Curiosamente, destacan los defensores de los consumidores, aquellas que afectan más a las personas con menos ingresos o que menos dinero tienen en su cuenta, como es el caso de las comisiones que se cobran por tener un descubierto, es decir, por quedarse en números rojos.

Las quejas sobre el alza de las comisiones de las organizaciones de consumidores vienen avaladas por los valores medios recogidos por el Banco de España en sus tablas. En ellas queda patente, por ejemplo, que la media del porcentaje que nos cobran por descubiertos ha pasado del 3′94% en diciembre de 2010 al 4,23% en diciembre de 2011. La Asociación Española de Banca, que reúne a la práctica totalidad de los bancos que operan en España, y que Periodismo Humano ha consultado para confirmar esta alza en las comisiones de descubierto responde “que no pueden saber si las comisiones aplicadas a los descubiertos han subido o no” por falta de información al respecto.

Veamos qué nos cobran si hemos calculado mal nuestros gastos y hemos entrado en un saldo negativo. En primer lugar, hay que recordar que las entidades bancarias consideran esa cantidad negativa como un crédito que le hacen a su cliente. Por esta razón cobran un interés por el monto correspondiente, pero también una comisión de apertura del descubierto. El Banco de España establece, sin embargo, en el artículo 19.4 de la Ley 7/1995, de 23 de marzo, de Crédito al Consumo, que “en ningún caso se podrá aplicar un tipo de interés superior a 2,5 veces el interés legal del dinero”. Este interés está fijado por las Cortes y, si no se producen cambios, es del 4% para el 2012, por lo que las entidades bancarias nunca podrán cobrar a sus clientes por un descubierto un interés superior al 10% (2′5 veces el 4%).

Fuente: Banco de España.

Pero además de un interés por el favor crediticio y otro por la apertura del descubierto, algunas entidades bancarias suelen cobrar a sus clientes otra “comisión por reclamación de posiciones deudoras”, es decir, por el esfuerzo y gasto que les ocasiona el tener que informar a su cliente del estado de su cuenta y conseguir que subsane el saldo negativo. Este gravamen también está regulado por el Banco de España que establece que “en ningún caso podrán cargarse comisiones o gastos por servicios no aceptados o solicitados en firme por el cliente”. Por lo tanto para poder cobrarlas tendrán que “cumplirse una serie de requisitos: responder a una reclamación formal de posiciones deudoras, tratarse de gastos realmente habidos y que estén debidamente justificados y que su reclamación al cliente esté prevista en el documento contractual”.

Esta regulación quiere decir en la práctica que el envío de una carta automatizada informando del descubierto, como hace la mayoría de los bancos, no se considera un servicio suficiente como para justificar que se cobre la comisión por reclamación. Sin embargo, la mayoría de las entidades la exigen, aunque es cierto que algunas de ellas, como Openbank y Bankinter entre muchas otras, dan un período de gracia de algunos días a sus clientes.

Foto: César Caracuel

“Consideramos que la comisión por reclamación es desproporcionada ya que se abona una cantidad fija independientemente del importe que ha quedado al descubierto. Estamos estudiando pedir al gobierno que la declare nula por abusiva. También nos gustaría que se creara un organismo que se encargue de regularla para evitar las prácticas inadecuadas”, explica Rubén Sánchez, portavoz de FACUA. Los datos recabados por la Organización de Consumidores y Usuarios van también en esta dirección y afirman que el cliente de banca español es el segundo que más paga de toda Europa por el uso de sus cuentas bancarias, 178 euros. Sólo los italianos tienen, con 253 euros un gasto mayor.

Desde las organizaciones animan a los clientes a reclamar en el caso de que les hayan cobrado estas comisiones ya que los tribunales les están dando la razón cuando  se enfrentan a estas prácticas.

El problema con las comisiones de descubierto es que muchos consumidores consideran que las cantidades no son lo suficientemente importantes como para iniciar un proceso de reclamación y que estas comisiones son inapelables. Un caso extraordinario en este sentido es el del abogado Felipe Colón que  lleva años animando desde su blog a la reclamación por las comisiones de descubierto entre muchas otras. “Siempre que me he visto en esta situación he reclamado y siempre me han dado la razón. Las compañías bancarias suelen jugar con el convencimiento de que las personas con menos ingresos no van a atreverse a reclamar. Lo cierto es que una vez que se inicia el proceso suelen devolver la cantidad, ya que en el fondo son conscientes de que están aplicando estas comisiones de forma inadecuada”, explica.

El proceso para reclamar empieza por manifestar la queja directamente al banco en cuestión a través de una carta en la que dejamos clara nuestra postura. En el caso de que no se encuentre respuesta alguna se puede reclamar también ante el defensor del cliente de la entidad por carta. De no conseguir ningún avance habría que hacerlo ante el servicio de reclamaciones del Banco de España o buscar el apoyo de una asociación de consumidores. Las sentencias que dan la razón a los consumidores son incontables por lo que el camino parece abonado.

La subida de estas comisiones responde, además, a una tendencia preocupante en el seno de las entidades bancarias según los defensores de los consumidores. “Estamos viviendo un proceso de desbancarización en parte a causa de la crisis. La tendencia es que cada vez más bancos rechacen a determinados clientes porque consideran que no les interesan. Vamos a vivir una situación en la que servicios que considerábamos esenciales como tener una cuenta o una tarjeta van a empezar a negárseles a aquellos ciudadanos con menor poder adquisitivo. La subida de las comisiones que afectan a los capitales más bajos forma parte de esta tendencia”.

Euros (AP)

Cuando María acude a la compra debe pensar muy bien en qué gastar su dinero, ya que cuenta con 1.400 euros para pasar el mes, ella, y los tres miembros restantes que componen su familia: sus dos hijos de 17 y 14 años, que están estudiando, y su marido que es quien aporta el salario en casa, puesto que María está en paro, y desde hace más de un año y medio, sin cobrar la prestación por desempleo.

A María -cuando es a ella a quien le toca hacer la compra- cada barra de pan le cuesta hoy 0’50 céntimos de euro, un 85% más cara de lo que le costaba en 2001, ya que por aquel entonces costaba 40/45 pesetas (0,27 céntimos de euro); la unidad de huevos ha pasado de costarle 0’07 a 0’15 céntimos de euro, un 114% más cara; la leche de 0’60 a 0’89, un 48% más y un kilo de patatas de 0’32 a 0’69, o lo que es lo mismo, un 116% más caro, todo ello según un informe elaborado por la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) en el que se analiza los 10 años que el euro ha cumplido, desde su entrada en funcionamiento en España.

“Nadie creía que España iba a estar aquí, participando activamente en el acto fundacional del euro en la moneda única europea”, fueron las palabras pronunciadas por José María Aznar como presidente del gobierno el 1 de enero de 2002, cuando el euro entró en funcionamiento en España.  Lo que tampoco María, ni el resto de consumidores españoles imaginaban, era que 10 años más tarde de que eso sucediera la cesta de la compra les iba a costar un 48% más cara de lo que les costaba por aquel entonces. “Pese a lo que algunos expertos aseguraban, no se trataba de un ajuste puntual para ponernos al nivel de Europa. Las subidas de precios se convirtieron en tendencia, cargando todo el peso del cambio sobre los hombros del consumidor. A partir de 2002 es posible consultar los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) y confirmar que la ley de la gravedad no se aplica a todos los campos: hay cosas que suben y jamás vuelven a bajar”, denuncia la OCU.

Símbolo del euro iluminado (AP)

Tampoco los precios han bajado en la vivienda que, muy al contrario, se han incrementado en un 66% en la de nueva construcción- según la Sociedad de Tasación, en diciembre del 2000 el metro cuadrado costaba de media en España 1.453 euros y  en junio de 2011 ya valía 2.419 euros-, llegando a experimentar la de segunda mano subidas de hasta el 78% en Madrid y el 70% en Barcelona -según la web inmobiliaria Idealista, en marzo de 2001 el metro cuadrado de segunda mano costaba 328.923 pesetas en Madrid (1.973 euros) y 351.312 en Barcelona (2.111 euros), mientras que en octubre de 2011, el metro cuadrado pasó a costar 3.507 euros en Madrid y 3.588 en Barcelona-.

“Nosotros tenemos que dar gracias de que el piso lo tenemos pagado, porque si tuviéramos que pagar hipoteca no tendríamos para comer”, dice María, quien también da gracias porque su marido no necesite coger el coche para ir al trabajo, ni utilizar el transporte público, “se va caminando, porque lo tiene cerquita de casa”. Si el marido de María tuviera que utilizar el transporte público, como al resto de consumidores españoles, le costaría hoy un 58% más caro en euros de lo que les costaba en pesetas. En este sentido, Madrid tiene el billete de metro y bus sencillo más caro de todo el país, con el incremento que el pasado agosto experimentó, y por el cual, pasó de costar de 1 euro a 1’50. “La subida aplicada en Madrid es a todas luces desmesurada. No se corresponde con una mejora equivalente en el servicio y desincentiva el uso del transporte público, con lo que se sitúa radicalmente en contra de las políticas de reducción de emisiones y contención de la contaminación”, según la OCU.

Uno de los argumentos utilizados por el gobierno de la Comunidad de Madrid para respaldar este incremento fue que este tipo de billete llevaba muchos años sin variar de precio. Pero, tal como refleja la OCU en su informe, el precio medio del billete sencillo en España es de 1,01 euros: “los madrileños llevan muchos años sufriendo un precio muy elevado y ahora, cuando empezaba a situarse en la zona media de la tabla, llega el jarro de agua fría”. A Madrid le siguen Barcelona y San Sebastián como las ciudades en las que resulta más caro hacer uso del transporte público. El billete sencillo les cuesta a los consumidores de estas ciudades 1’45 y 1’40 euros, respectivamente.

Campaña ciudadana contra la subida del billete del metro de Madrid en la que se evidencia que es mucho más caro que en otras ciudades europeas al compararlo con el salario mínimo interprofesional

Salvo comprar nuevas tecnologías -dvd, cámaras de fotos, electrodomésticos, videocámaras, etc.-, que es en lo único en lo que han bajado los precios en estos 10 años, todo resulta más caro pero, ¿qué ha pasado con los salarios? ¿Han subido en relación al incremento de precios?

En este sentido la Confederación Española de organizaciones de amas de casa, consumidores y usuarios (CEACUU), denuncia la desproporción entre la evolución de los ingresos de las familias, cuyos salarios medios subieron tan solo un 14% en todos estos años, y la subida de precios tan desmesurada en la mayor parte de los artículos de consumo: la Encuesta de Estructura Salarial del INE despeja cualquier tipo de duda al respecto. En 2002, el salario medio en España era de 19.802 euros brutos al año. En 2009 -última encuesta publicada-, se situaba en 22.511 euros.

A la hora de revisar los salarios, alerta la OCU, en muchas empresas se toma como referencia el Indíce de Precios de Consumo (IPC), que refleja la inflación y el coste de vida. Lo elabora el INE mediante una encuesta que determina lo que cuesta una hipotética cesta de la compra en la que se incluyen alimentación, ropa, comunicaciones, transporte, ocio y otros gastos cotidianos, y en su cálculo no se tiene en cuenta la compraventa de viviendas, aunque sí los alquileres.

“La pregunta incómoda es si el IPC consigue reflejar la realidad que hemos descrito. Entre 2002 y 2009, su variación acumulada no superó el 23%”, lo que significa que  el IPC no refleja la subida generalizada de precios desde la llegada del euro. “Los españoles llenan sus bolsillos con salarios que se han quedado desfasados respecto a estas subidas, pero también respecto al propio IPC. A falta de datos para 2011, si el salario medio hubiese crecido lo mismo que el IPC, en 2009 debería haber sido 3.600 euros brutos anuales más alto de lo que lo fue”.

“Antes del euro nosotros pasábamos la semana con 5.000 pesetas, ahora con 50 euros, que es más dinero, no me llega para nada”. Según los datos del informe de la OCU la de María, como la de otros muchos consumidores, no es una apreciación personal, sino una realidad. “Mi marido y yo llevamos dos años sin comprarnos nada de ropa, a no ser que se nos rompa algo de las prendas básicas de uso diario como son los calcetines. Los dos duros que nos puedan sobrar a fin de mes, preferimos dárselos a nuestros hijos y desde hace mucho tiempo no sabemos lo que es ir aquí o allá. Nuestro ocio consiste en pasear en bici, que de momento y si no te ponen una multa, es gratis”, y por primera vez en toda la entrevista, a María se le escapa una leve sonrisa.

Cuando un cliente establece un contrato de permanencia con un operador de telefonía móvil -bien porque te regala llamadas gratuitas o un teléfono móvil, entre otros motivos-, el cliente debe cumplir con el contrato de permanencia que firmó –siempre y cuando firmara la clausula que lo especifique y la compañía se lo explicara con suficiente claridad-. En caso de que el cliente decida darse de baja antes de la finalización de dicho contrato, está en todo su derecho –como ya hemos explicado en anteriormente en Consume y Muere-, pero la compañía le cobrará una penalización correspondiente a la parte proporcional, en función del tiempo que le quede para finalizar el contrato, y el importe que recibió como bonificación a cambio del mismo.

Ahora bien, ¿qué sucede si la baja del usuario es por defunción?

Cuando la familia de Javier Abrego se dio cuenta de que Movistar, desde hacía ya dos meses, se estaba cobrando la línea de su abuela que había fallecido enviaron el certificado de defunción para atestiguar el porqué se daba de baja a la línea y al tiempo les llegó a casa una factura de poco más de 30 euros. “Nos querían cobrar la baja de permanencia, a pesar de que por teléfono nos dijeron que no nos la cobrarían al tratarse de una baja por defunción. A parte de una tomadura de pelo, me parece una falta de tacto tremenda”.

En un foro de Internet encontramos un caso similar al vivido por la familia de Abrego: “pedí dar de baja la línea de teléfono móvil de mi madre, que había fallecido, y me dicen que no hay otra manera de hacerlo que cambiar el titular de la línea del fallecido a un familiar vivo-  en este caso yo, por ejemplo, que soy su hijo- y tramitar la baja yo mismo, ¿qué debo hacer?”.

“La baja por defunción es un caso puntual y poco común, pero si se presenta el certificado de defunción debería ser más que suficiente para que nos dieran de baja sin coste alguno”, señala Estefanía Palacios, responsable de prensa en asuntos de reclamaciones de la Oficina al Usuario de las Telecomunicaciones, dependiente del Ministerio de Industria, Energía y Turismo.

Para Eugenio Ribón, asesor jurídico de la Confederación Española de organizaciones de amas de casa, consumidores y usuarios (CEACCU), si una compañía se cobra la permanencia en un caso como este “está actuando de modo improcedente”, y esgrime para ello: “no solo sería una circunstancia de fuerza mayor, por lo que se da de baja la línea (1105 CC) -artículo 1.105 del Código Civil-, sino que, a mi entender, extingue plenamente el contrato al ligarse el número a un consumidor determinado”.

Desde los servicios jurídicos de la Oficina al Usuario de las Telecomunicaciones recuerdan que no existe una normativa específica en telecomunicaciones que regule la baja de permanencia por defunción, por lo que, tal y como explica Ribón, rige la misma normativa general  que se establece en el Código Civil a la hora de contraer cualquier otro tipo de contrato comercial. “En este sentido, da igual que hayamos comprado un coche, una televisión, que un teléfono móvil, no sería necesario que se pagara la baja de permanencia, aunque el contrato no hubiera llegado a su fin, cuando la titular de la línea, y por tanto la persona con la que se había contraído el contrato, falleció. Es obvio entonces, que no es necesario cambiar la titularidad de la línea de la persona fallecida a un familiar o amigo que siga vivo, para darle de baja”.

Si la compañía telefónica no devuelve de forma íntegra la cantidad de la baja por permanencia que se cobró indebidamente, el usuario está en su derecho de reclamar por la vía judicial verbal-sin necesidad de abogado y procurador cuando se reclamen menos de 2000€- utilizando, por ejemplo, este modelo que ofrece CEACCU para poder hacerlo de forma totalmente gratuita: “Demanda para reclamación de cantidad por facturación indebida de servicios”.

Desde la Oficina de Atención al Usuario de Telecomunicaciones se recomienda al consumidor que ante este tipo de abusos -si  primeramente la compañía no le ha dado una respuesta satisfactoria y cree tener la razón- reclame. “Cada año el número de reclamaciones aumentan, eso quiere decir que el ciudadano se hace consciente de cuáles son sus derechos y los hace valer”. Sin ir más lejos, el número de reclamaciones tramitadas en la Oficina de Atención al Usuario de Telecomunicaciones de los 9 primeros meses de 2011 aumentaron en más de un 22%, en referencia al mismo período del año anterior.

Alrededor del 80% de los consumidores que reclaman, se les suele dar la razón. “Lo que sucede es que cuando las cantidades no son demasiado elevadas –como suele pasar en casos como este- la gente decide no reclamar. Hay que pensar que no se trata de un trámite tan costoso de hacer, en un plazo máximo de 6 meses la reclamación ya ha sido debidamente tramitada. Y funciona”.