Consume y Muere

(eflon / Flickr)

Cristina R. rebosa de ira cuando explica qué es el swap, (también llamado IRS, clip, bono clip, permuta financiera) un nombre del que hasta hace relativamente poco tiempo había oído hablar sólo de refilón. Como no es fácil definirlo, me dice, prefiere empezar desde el principio. Cuenta que cuando formalizó su hipoteca a finales de 2008 le recomendaron que se hiciera un “seguro” por si los tipos de interés subían demasiado. Lo que, según ella, no le explicaron es que en el caso de que éstos bajaran, sería ella la que tendría que abonar una determinada cantidad a la entidad. “Desde que comencé con mi hipoteca hace ya más de dos años y con la situación actual, he llegado a pagar más de doscientos euros al mes aparte de mi letra mensual”, cuenta esta hipotecada que está barajando la posibilidad de lanzarse a un proceso judicial para recuperar parte de su capital.

No hay que confundir el swap con una cláusula abusiva de las hipotecas”, explica José Ángel Oliván, presidente de la Unión de Consumidores de España (UCE). “Se trata de un producto financiero muy complejo que está especialmente destinado a pequeños empresarios y autónomos, y que va añadido al préstamo o a la hipoteca en sí. Es un acuerdo anexo que establece que los créditos van a estar referenciados a un tipo de interés fijo durante un período de tiempo determinado, independientemente de las variaciones externas”, detalla.

El problema es que las entidades bancarias empezaron a ofrecer este peculiar “seguro” que no era tal justo cuando, qué casualidad, el Euribor estaba en su punto más alto a un paso de iniciar su despeñamiento. Cuando los indicadores estaban disparados y esta herramienta podría haber sido de utilidad a sus clientes, entonces debieron considerar que no les era necesario asegurarse. Otro de los problemas que tiene este producto, según denuncian las organizaciones de consumidores, es que resulta de muy difícil comprensión para el profano. Directrices concretas de la Unión Europea, según UCE, advierten expresamente sobre la excesiva complejidad de herramientas financieras que se ofertan, sin embargo, al público en general. No ayudaba, desde luego, a la prudencia del desorientado cliente que algunas de las principales entidades bancarias, revistas y periódicos especializados las recomendaran sin complejos. La gente se fio de quienes tenían más a mano, sus entidades bancarias de toda la vida, pero recibieron un consejo cuando menos dudoso. Los bancos y las cajas llegaron a pagar comisiones a sus empleados por el número de swap firmados, según datos recopilados por el periódico Expansión.

En algunos casos, además, como el de Elena, que cuenta su historia en un foro de afectados, la firma del swap era una condición para que les fuera concedida la hipoteca. Los primeros meses, explica, recibió una pequeña cantidad en su cuenta. Rápidamente la tortilla se dio la vuelta y lo que parecía una bendición se convirtió en su particular tormento. Ahora intenta renegociar con su entidad los márgenes fijados aunque, en realidad, piensa que lo justo sería que se eliminara totalmente ese acuerdo porque nunca le informaron con precisión de cuáles podían ser las consecuencias.

“El swap ya no se ofrece, pero ha dejado a multitud de personas en una situación económica muy delicada”, explica Oliván. “Muchos clientes están denunciando, y lo más importante es que se están logrando sentencias favorables, por lo que desde UCE consideramos que es necesario llevar estas prácticas a los tribunales y exigir una indemnización por el dinero que se ha tenido que pagar”.

¿Cuáles son los pasos concretos que tiene que seguir una persona que se ha visto inmersa en esta situación? En primer lugar, explica la Asociación de Usuarios de Servicios Bancarios (AUSBANC), hay que reclamar en la entidad bancaria correspondiente. Después, si no surte efecto, lo adecuado sería dirigirse a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Si ninguna de estas opciones da resultado, lo ideal es buscarse un abogado especializado. La situación es tan grave y se han acumulado tantos casos que ya hay bufetes expertos en defender a los clientes afectados por este producto financiero.

Un vistazo a las últimas noticias aporta un soplo de optimismo para aquellos que se sienten estafados. En pleno terremoto hipotecario internacional, las sentencias que dan la razón a los consumidores se suceden. La última, por ejemplo, la del Juzgado de Primera Instancia número 18 de Sevilla que obliga a Caixa Galicia a devolver a su cliente todos los cargos realizados a su cuenta porque estima que hubo una falta de información contractual. Independientemente de la entidad concreta, la tendencia, aunque todavía en definición, es favorecer al consumidor, ya que la justicia considera probado que contrataron el producto sin saber realmente lo que estaban haciendo.

El problema es que, aunque el tiempo les dé la razón, los afectados se enfrentan a un largo proceso judicial hasta recuperar el dinero que se vieron pagando de la noche a la mañana. Por no hablar de los miles de empresarios que tuvieron que cerrar o congelar la actividad de sus pequeños negocios para hacer frente a estos pagos no presupuestados. “Lo único bueno es que las quejas se han generalizado y que ahora la población está, probablemente, más concienciada sobre la importancia de no dejarse llevar por las ofertas de las entidades bancarias”, concluye Oliván.