Consume y Muere

Un día, sin haberlo solicitado, ni haber participado en ningún concurso similar, Samuel Parra recibió en su móvil el siguiente mensaje: “RICO infoma: tu 64591**** ¡puede estar premiado! Solo responde SI al 25354 y puedes ser FINALISTA de 200.000E. HOY en Antena3! (1,42Eur.xsms.N.AtnClte: 902103347)”, desde el remitente 25354.

“Como este o similares hubo 56 millones de sms en los meses del verano de 2010”, comenta Samuel. “Son mensajes gancho que pretenden que el consumidor se suscriba a un servicio por el que te cobran, o engancharte con el continuo envío de mensajes posteriores que te indican que estás más cerca de conseguir el premio, que lo sigas intentando. Yo no piqué, pero conozco mucha gente que sí lo hizo”. Samuel decidió no hacer caso a la invitación porque conoce de cerca la ley de protección de datos personales ya que es socio de ePrivacidad.es, sin embargo se interesó por saber el motivo por el cual Antena 3 hizo uso de su teléfono móvil personal para enviarle ese mensaje: “me dijeron que era porque en el año 1994 yo había solicitado recibir las alertas al tráfico y la meteorología de Antena 3 y por lo visto pasas a su base de datos de tal modo que al cabo del tiempo hacen uso de estos datos para enviarte otro tipo de suscripciones, aunque nada tengan que ver con la temática por la que tú las solicitaste. De este modo están infringiendo la ley”. Leer más


Cápsulas de vitaminas

Según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) la venta de multivitamínicos en el mundo se multiplicó por 20 en los últimos 15 años, mientras que las vitaminas C y E crecieron hasta 15 veces y los alimentos enriquecidos hasta 17. Estos productos se pueden vender libremente, desde en supermercados hasta farmacias pasando por herbolarios o tiendas dietéticas, sin tener como requisito la supervisión o consejo de un profesional de la salud. Los europeos gastan al año 1.500 euros en complementos alimenticios y el 20% de los españoles confiesan tomarlos o haberlos tomado en alguna ocasión. Se venden como productos para la pérdida de peso, evitar la caída del cabello, mejorar la práctica deportiva, o incluso, para prevenir síntomas de enfermedades, pero ¿son conscientes los consumidores de cuáles son los riesgos de su consumo y si las propiedades que se publicitan en ellos están realmente demostradas?

“Hace unos años decidí adelgazar algunos kilos, por lo que me fui a una clínica privada especializada en nutrición”, comenta Soledad a Periodismo Humano. “En esa clínica, en la que creí ponerme en manos de profesionales, me recetaron unas pastillas que me enviaban directamente a casa, sin ningún tipo de marca en su caja que las identificara y que nunca supe de dónde venían. En 3 meses mi peso bajo de 62 a 47 kilos, pero comencé a sentirme mal: no tenía ganas de comer, me provocaron insomnio y solo me apetecía estar activa. Dejé de tomarlas porque la madre de un chico, que también seguía este tratamiento, me alertó. A su hijo le dio un ataque de ansiedad y en el hospital le dijeron que fue provocado por las pastillas que estaba tomando, porque llevaban anfetamina. Al tiempo me enteré de que prohibieron su venta. La clínica que me las recetó sigue en funcionamiento”. Leer más


A finales de febrero el gobierno anunciaba la posibilidad de acogerse a la dación en pago -la entrega de la vivienda para saldar la hipoteca-, a aquellas familias que tuvieran todos sus miembros en paro y que no contaran con ingresos adicionales suficientes para afrontarlo, y siempre y cuando, se tratase de la primera vivienda. Familias, como el propio ministro de Economía, Luis de Guindos, definió en “umbral de exclusión”.

“La dación en pago debe ser una excepción, pero la triste realidad es que algunas viviendas que entregan las familias es el único activo que tienen”, comentó de Guindos en el Congreso de los Diputados. Ésta es una de las medidas que forma parte del paquete de medidas recogidas por el gobierno en un ‘código de buenas prácticas’ dirigido a las entidades financieras, de carácter voluntario, motivo principal por el cual la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) presentó una propuesta por medio de Joan Coscubiela de Iniciativa per Catalunya Verds (ICV) en el Congreso. En ella se pedía la aprobación de la dación en pago con efectos retroactivos para aquellos casos de residencia habitual y deudores de buena fe. Una dación en pago obligatoria para las entidades financieras, y no voluntaria como la promovida por el ministro de Guindos. El pasado martes 6 de marzo se votó la propuesta en el Congreso dando como resultado 36 votos a favor, 181 en contra y 118 abstenciones. El PSOE opto por esta última opción, la de abstenerse. Debido a este resultado se aprobará por decreto ley un código de buenas prácticas voluntario para la banca, lo que se había propuesto desde el inicio por parte del ministerio de Economía. Tal y como advirtió de Guindos el día que presentó la propuesta, “habrá que actuar con cautela” para evitar un acogimiento a esta cláusula de forma “abusiva y fraudulenta”. Los bancos, por su parte, podrán deducirse las pérdidas de la dación en pago que se produzcan.

Para la coordinadora de Stop Desahucios Bizcaia, Marta Uriarte, esta medida “es humo”, y lo dice por propia experiencia. Marta se vio obligada a ponerse en huelga de hambre y acampar el domingo 4 de marzo frente a la sede de Kutxabank en la Gran Vía de Bilbao -que abandonó al día siguiente por sufrir una hipoglucemia-, debido a que su familia no puede hacer frente a la hipoteca. Solicita la dación en pago, que por el momento, el banco le deniega. Lo único que ha conseguido es un aplazamiento de la subasta de su casa que estaba previsto para este jueves. “Mi marido no tiene empleo, yo trabajo media jornada y mis 2 hijos están estudiando. No podemos hacer frente a los 1.000 euros de hipoteca mensuales, esa medida que proponen desde el gobierno es absolutamente irreal”, comenta Marta a Periodismo Humano en una conversación telefónica.

Tatiana, Aunar y su hija serán recordados por ser la primera familia a la que el 15M consiguió ayudar a parar su desahucio, de lo que hace ya 8 meses en el barrio de Tetuán (Madrid). También serán recordados por ser los primeros en conseguir que el banco condonara su deuda el pasado 28 de febrero -condonación porque la vivienda ya había sido subastada, la dación en pago es antes de que se produzca la subasta-.

“Lo hemos conseguido gracias a la ayuda de los movimientos sociales y a la presión que se ha ejercido sobre los bancos, no gracias a de Guindos”, Tatiana lo tiene muy claro y así se lo hace saber a Periodismo Humano. Sin embargo la negociación con el BBVA, con la que esta familia tenía una deuda hipotecaria que ascendía a unos 400.000 euros, incluidos los intereses, no fue nada fácil. “El banco estaba buscando la manera de que rechazáramos la condonación. De hecho, nosotros pedíamos la condonación total de la deuda y 2 meses de alquiler social y ellos llamaron a nuestro abogado diciéndole que solo nos concedían la condonación de la deuda. Como nos negamos, convocaron inmediatamente a los medios de comunicación para decirles que nosotros rechazábamos la condonación, por lo que tuvimos que hacer una contra convocatoria para explicar cómo había sido la situación. Luego, a última hora del día, in extremis, el banco se puso en contacto con nuestro abogado para decirle que nos concedía la condonación y los dos meses de alquiler, pero que teníamos que abandonar inmediatamente la vivienda. Nosotros no tenemos apego a los bienes materiales, sino a nuestros derechos. Ahora que no tenemos la deuda, me siento libre”.

Tanto Tatiana como Anuar llevaban 2 años en paro sin percibir ningún tipo de prestación. “Al principio vivíamos de nuestros ahorros, luego de lo que nos iban dando familiares y amigos”, pero no cree que esto haya sido el motivo principal para que el banco le condonara la deuda, sino la presión social de la gente que les ha ayudado y a la que se sienten tremendamente agradecidos. “Esa medida de la dación en pago”, dice Tatiana, “es una tomadura de pelo, porque ya existe en la Ley hipotecaria que esto se pueda producir, sujeto a la voluntad del banco”.

Según la Asociación de Afectados por Embargos y Subastas (AFES), entre 2008 y 2015, alrededor de 510.000 familias perderán su vivienda debido a ejecuciones hipotecarias. En la última memoria del Consejo General del Poder Judicial se lee que en 2010 se produjeron cerca de 100.000 ejecuciones hipotecarias con resultado de embargo, 4 veces más que al inicio de la crisis. A pesar de este aumento del número de familias en quiebra, los ciudadanos no disponen de un mecanismo adecuado para negociar el pago de las deudas, según la Confederación Española de Organizaciones de amas de casa, consumidores y usuarios (CEACCU), que considera “muy insuficiente” la propuesta del gobierno. Argumenta para ello que esta propuesta se dirige a un colectivo tan vulnerable, que el banco una vez recuperada la vivienda, carece de expectativas reales de cobrar el resto de la deuda. Además, afirma CEACCU, el actual mínimo inembargable ya contempla, indirectamente, estos supuestos. Ante esta realidad, y cuando los casos particulares de desahucios que se están dando en España resultan “un auténtico drama social”, CEACCU ha puesto en marcha una campaña que puedes firmar en Actuable para pedir a los Grupos Parlamentarios y al ministerio de Economía que cambien las leyes para que se equipare a las “familias en quiebra” con las “empresas en quiebra”, de tal modo que puedan liquidar sus deudas con los activos disponibles en el momento de la quiebra. También solicita CEACCU que se habilite un procedimiento sencillo y sin costes para las familias, alternativo al concurso de acreedores, teniendo en cuenta el gasto adicional que representa este sistema, y que en el proceso de renegociación de la deuda, se contemplen garantías para las familias en situación de quiebra sobrevenida -por paro o enfermedad- que evite los embargos y permita mantener la vivienda habitual.

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El pasado 1 de marzo la relatora especial de la ONU sobre el derecho a una vivienda digna, Raquel Rolnik, invitada por el observatori DESC se reunió en Barcelona con más de un centenar de personas que están sufriendo, o ya han sufrido, ejecuciones hipotecarias y que están amenazadas de desahucio. En esta charla Rolnik instó a los afectados a que sigan ofreciéndose apoyo solidario colectivo para combatir esta situación a la que se ha llegado “que no es responsabilidad del banco, sino del gobierno”. Recordó a los participantes que todo este tipo de acciones que se están llevando a cabo contra los desahucios “están rigurosamente definidas y protegidas por el Derecho Internacional y por el derecho a una vivienda adecuada”. Aseguró Rolnik que no se trata de un problema local o de una comunidad en concreto, sino que es un problema global “porque las historias que estoy escuchando acá, las escuché en EEUU, Kazajistán, Turquía… en los lugares más inimaginables del mundo. Exactamente las mismas historias”, a lo que concluyó: “A pesar del drama, esta es una buena oportunidad para demostrar a todos que el paradigma de la mercantilización de la vivienda, que en los últimos 20 años se fue difundiendo por todo el mundo, ha sido un gran fracaso”.

“Nosotros salimos la madrugada del 29 de febrero de la vivienda y horas más tarde estábamos participando en una convocatoria para parar un nuevo desahucio. Seguiremos luchando para que todo el mundo opte a una vida digna. Lo que hemos conseguido nosotros, lo vamos a conseguir para todos. Que lo tengan claro.”, concluye Tatiana con voz firme.

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Afectados por las preferentes de la Asociación de vecnos Canvidalet

  • La Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros en Madrid, ADICAE Madrid, convoca para mañana viernes, día 17 de febrero a las 10:00 horas una acción informativa y reivindicativa que parte de la Plaza de Callao sobre el fraude de las participaciones preferentes.

Un matrimonio de 80 años, la mujer con una minusvalía del 70%. Les colocaron 95.000 euros -los ahorros de toda una vida- en participaciones preferentes bajo la argumentación de que “era una pena tener el dinero a la vista en la cuenta en la que cobran la pensión”, en una sucursal de Caixa Nova de Vigo.

Ama de casa sin estudios y agricultor jubilado. Matrimonio de 74 años de edad, Málaga. Les comercializaron unas participaciones preferentes de 95.000 euros y dos deudas subordinadas de 47.000 y 18.000 euros en la CAM. Se lo vendieron como un depósito a plazo fijo. Ahora con la crisis se encuentran en una situación de necesidad económica y no pueden recuperar sus ahorros.

Matrimonio de 85 años, que solo cobra pensión por jubilación el marido, y que tienen dos hijos a su cargo: una de ellos que padece una enfermedad psíquica y el otro es parado de larga duración, ambos de mediana edad. Tienen 70.000 euros en un plazo fijo ‘doble ahorro combinado’: participaciones preferentes, deuda subordinada y obligaciones mediterráneo, todo ello en la CAM. Ambos padecen ansiedad y depresión provocada por la situación en la que se encuentran.

Y así se podrían estar enumerando hasta aproximadamente un millón los casos –que se sepan por ahora- de las familias afectadas por los ‘productos tóxicos’ que en los últimos 10 años, 52 bancos y cajas de ahorro españolas -sobre todo estas últimas- han comercializado de forma irregular entre sus clientes, bajo la apariencia de ‘depósitos a plazo fijo’ con rentabilidad garantizada, y casi siempre ante un perfil de consumidor de edad avanzada que buscaba completar su jubilación con los ahorros de toda una vida.

La mayor parte de los afectados que han denunciado aseguran que nadie les informó  de los riesgos de estos productos, especialmente de la escasa o nula liquidez, y de su perpetuidad. Se han encontrado con esto cuando han ido a retirar sus ahorros y su entidad bancaria se ha negado a dárselos.

“En mi caso me dijeron que había riesgo cero y una liquidez de 48 horas si quería recuperar el dinero. Me siento totalmente estafada”. Carmen, casada y con dos hijos de 16 y 13 años, confió en La Caixa, entidad en la que tenía sus ahorros. “Jugaron con la confianza personal que estas entidades tenían con nosotros”. Ingresó 100.000 euros para que le fueran rentuando, “sabían que lo quería para comprarme una casa”, pero todavía no ha podido recuperar ni un euro de ese dinero, ni se ha podido comprar la casa para la que tanto ella como su marido venían ahorrando desde hacía muchos años.

“La realidad es que estamos ante un producto no solicitado ni buscado por los clientes, vendido irregularmente sin atender en modo alguno a lo que los consumidores querían o les convenía, y sin suministrar la información previa imprescindible, además de que genera importantes pérdidas para el usuario después de haber sido colocado como si se tratase de inversiones a plazo fijo cuando se trata de deuda perpetua, no amortizable, salvo a elección de la entidad, y no cubierta por el Fondo de Garantía de Depósitos”, señala Pablo Mayor, representante de los servicios jurídicos de la Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros de España (ADICAE), plataforma en la que se agrupan cerca de 30 mil familias afectadas .

El Banco de España ha mostrado cierta preocupación por la alarma social que se está generando, “pero no ha tomado medidas eficientes para resolver el problema”, indica Manuel Pardos, presidente de ADICAE,  para quien además, “el Gobierno se está lavando las manos. Ahora el ministro de Economía, Luis de Guindos, se descalza con una medida compleja proponiendo a las entidades que durante un año puedan mantener a los ahorristas en el corralito, sin pagar los intereses del cupón. Si el Gobierno anterior permitió la creación de este corralito, el actual lo está incluso protegiendo”

Ante la falta de respuesta satisfactoria con sus clientes, ADICAE ha decidido demandar de forma judicial al Banco de Sabadell, BBVA, CAM, Catalunya Caixa, La Caixa, Nova Caixa Galicia, Banco Santander y Banca Cívica y sus respectivas filiales, por la masiva comercialización fraudulenta  de participaciones preferentes, con las que estas entidades han contribuido a crear un corralito al ahorro en España del que el millón de familias que son víctimas han invertido, en total, alrededor de 30.000 millones de euros. “Estamos ante el mayor fraude al ahorro familiar en los últimos tiempos. Mayor incluso que los de AVAGescartera Forum y Afinsa”, señala Pardos.

La colocación de estos productos tóxicos se pusieron en marcha porque las entidades necesitaban captar dinero en época de crisis optando por la forma más beneficiosa para ellos y peor para el consumidor, según ADICAE. De lo que se trataba era de emitir participaciones que les computaran como fondos propios en su balance y fortalecieran la aparente solidez de la entidad. En cambio, el consumidor ve totalmente inmovilizado su ahorro en un producto perpetuo y se coloca como accionista del banco pero sin ningún tipo de derecho, como por ejemplo, el de votar.  “Nos hemos encontrado con un contrato de participaciones preferentes de la CAM cuya fecha de vencimiento es el 16 de diciembre del año 3000”.

La propia Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) -ante la que ADICAE denunció en octubre del año pasado a 52 entidades bancarias por la venta irregular de participaciones preferentes- en abril de 2009 publicó un folleto informativo en el que reconocía a las preferentes como “un producto complejo y de riesgo elevado” y advertía a los ahorristas que, en caso de insolvencia del emisor, o sea de la entidad bancaria,  se situaban en el orden de recuperación de los créditos, “por delante de las acciones ordinarias y de las cuotas participativas, en el caso de las cajas de ahorro”. Sin embargo, durante todo 2010 y 2011 las entidades bancarias han continuado emitiéndolas como forma de mejorar sus solvencia, ya que computan como fondos propios.

La Confederación Española de Organizaciones de Amas de Casa, Consumidores y Usuarios (CEACCU) califica como “preocupante” la percepción que de los productos de ahorro e inversión tienen los consumidores españoles. Un informe publicado por CEACCU determina la gran vulnerabilidad ante la que se encuentran los usuarios cuando se enfrentan a la contratación de este tipo de productos, debido al desconocimiento generalizado, no solo de características básicas de los mismos, como su riesgo o liquidez, sino especialmente, ante la responsabilidad que la normativa actual impone al consumidor en el seguimiento y adecuación de la comprensión sobre lo que está invirtiendo. Por este motivo CEACCU publicó ya en 2009, de forma totalmente gratuita, una “Guía práctica sobre productos de Ahorro e inversión”, que entre otras cosas, explica al consumidor en qué consisten opciones de inversión como las participaciones preferentes, los depósitos estructurados o los fondos de inversión libre (Hedges Funds), al tiempo que les ofrece recomendaciones y advertencias sobre cómo invertir con la mayor garantía.

Ante la alarma social las entidades financieras –especialmente La Caixa, Banco Sabadell, Banco Santander y BBVA- han ofrecido a cientos de miles de consumidores canjear sus participaciones preferentes por otros productos como acciones y bonos obligatoriamente convertibles en acciones. “Yo las canjee porque así me lo recomendó ADICAE”, dice Carmen, y como ella otros muchos afectados. “Si se acepta el canje se tienen unas acciones que pueden venderse fácilmente en bolsa pero que no se sabe qué valor, a la baja o a la alza, pueden tener. Si no se hace el canje, las preferentes se pueden vender en el mercado de renta fija AIAF de mala liquidez y de venta complicada, con una pérdida de valor importante”, señala ADICAE. El hecho de que el ahorrista se haya visto obligado a canjear sus preferentes, no le exime de su derecho a recuperar el 100% de su dinero. “Yo no estoy dispuesta a renunciar ni a un euro”, advierte Carmen. Desde ADICAE se exige que se restaure cualquier daño que hayan sufrido los usuarios debido al canje, ya que este se realizó sin ofrecer la información adecuada sobre cada uno de los productos. En este sentido el presidente de la plataforma ADICAE recomienda  a las autoridades que “vigilen de cerca” el canje inminente que planteará Bankia.


El crucero Costa Concordia (AP)

“Poco después de que el barco sufriera el primer golpe la compañera con la que viajaba y yo fuimos conducidos, junto con un grupo de otros 40 pasajeros, a una zona de la popa. Una vez allí se nos informó por megafonía de que todo estaba bajo control y de que el apagón de luz que había sufrido el barco se debía a un fallo en el generador que estaban intentando arreglar.  Una hora y cuarto más tarde de que eso sucediera, y al darnos cuenta de que el barco se ladeaba hacia un costado de forma preocupante, decidimos tratar de salir de allí por nuestra cuenta. En esos momentos ya nadie nos decía nada por megafonía sobre lo que realmente estaba pasando y sobre las pasos que teníamos que seguir para la evacuación”.

Juan José Quevedo es uno de los 177 pasajeros españoles que viajaba a bordo del Costa Concordia, el barco que naufragó en las inmediaciones de la pequeña isla italiana Giglio el pasado 13 de enero. Se considera afortunado por no haber sufrido graves heridas físicas, ni padecer secuelas psicológicas tras el naufragio, “yo estoy bien, de lo contrario te mentiría”, afirma. Sin embargo, no está dispuesto a que como consumidor no se le respeten sus derechos: “no quiero más que lo que me corresponde”. Y la pregunta inmediata que se hace necesaria ante tal afirmación es: ¿y qué es lo que le corresponde a un consumidor que se ve implicado en una situación como la vivida por Juan José?

Existen una serie de cuestiones ineludibles ante las cuales Costa Cruceros, como empresa propietaria del buque Costa Concordia, debe responder ante los damnificados: el reembolso total de los gastos de viaje, el reembolso de cualquier gasto en el que se haya incurrido desde el naufragio hasta el viaje de regreso a casa, todos aquellos gastos que se hicieran a bordo del barco, cualquier gasto médico que el pasajero haya necesitado a causa del accidente y la devolución de los objetos de valor que estuvieran en las cabinas de seguridad, una vez hayan sido recuperados. Esto, por ahora, es lo que Costa Cruceros ha ofrecido por escrito en una carta a cada uno de los pasajeros. En lo relativo a la pérdida de objetos de valor o “compensaciones de otra naturaleza”, Costa Cruceros comunica en esa misma carta a sus clientes que se pondrá de nuevo en contacto con ellos lo antes posible.

“¿Y a mi quién me repone el valor de mi equipo fotográfico que no estaba en la cabina de seguridad y que he perdido?, ¿y el haberme fastidiado mis vacaciones?”, son las preguntas que se hace Juan José. También se pregunta cómo se le va a reponer a su compañera de viaje el hecho de que desde que volvió a casa tras el naufragio sea incapaz de dormir en cualquier lugar con las ventanas cerradas, porque se despierta aterrorizada.

“Lo que se les ofrece es lo de menos, lo demás está por determinarse”, comenta  Eugenio Ribón, asesor jurídico de la Confederación Española de organizaciones de amas de casa, consumidores y usuarios (CEACCU), que ha presentado la primera demanda judicial en los juzgados de Madrid contra Costa Cruceros, al considerarla propietaria del Costa Concordia . Esto supone, según CEACCU, el primer paso de una serie de acciones judiciales que traten de compensar, en la medida de lo posible, a los usuarios víctimas del naufragio por entender abusivas un tercio de las clausulas del contrato de esta compañía con sus clientes.
Por ejemplo, en referencia a las condiciones de venta online, en sus “normas generales de aplicación”, Costa Cruceros establece Italia como lugar de celebración del contrato, tanto al declarar la dirección la compañía, como cuando se hace referencia al “cierre” del mismo: “únicamente para los pasajeros considerados consumidores que hayan adquirido un crucero; los contratos correspondientes se consideran cerrados en Italia y se entiende que la Ley aplicable al contrato es exclusivamente la italiana”.
CEACCU solicita en su demanda la nulidad de esta cláusula apelando a la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico (LSSI-CE) que dispone que “los contratos celebrados por vía electrónica en los que intervenga como parte un consumidor se presumirán celebrados en el lugar en que éste tenga su residencia habitual”.
Particularmente lesivo para los afectados por el naufragio del Costa Concordia es la renuncia a los Tribunales españoles que impone su “norma general” décimo segunda del contrato, y que a juico de CEACCU, “la abusividad de esta estipulación deriva del desequilibrio que puede generar al consumidor el hecho de ser forzado a litigar en el fuero impuesto por el organizador, al margen de la concreta determinación de fueros y normas que puedan resultar aplicable por fijación de las reglas procesales vigentes”.

Sobre la custodia de los objetos de valor, el contrato de Costa Cruceros dice que “el Organizador no asume responsabilidad alguna por la custodia del dinero, documentos, títulos, joyas u objetos preciosos que no hayan sido recibidos para su depósito en dicha caja de seguridad, aún cuando estuvieran depositados en las cajas fuertes de los camarotes o en las de las habitaciones de los hoteles que presten servicios de alojamiento”. Frente a ello, CEACCU manifiesta en su demanda “la  pretensión de exoneración de responsabilidad por sustracción del equipaje o enseres de los usuarios en el ámbito de las condiciones generales de la contratación en los viajes combinados, ha sido rechazada con contundencia” tanto por la doctrina, como por la abundante jurisprudencia que CEACCU recoge”.

CEACCU ha optado por la concentración de fuerza contra el propietario del buque para evitar la diseminación de acciones de decenas de reclamaciones contra pequeñas agencias de viaje, ya que según el artículo 162 del Texto Refundido de la Ley General de Defensa de Consumidores y Usuarios (TRLGCU), “se establece una responsabilidad entre organizador y detallista”. Una demanda colectiva además, supone una dirección letrada única, lo que aumenta la eficiencia del proceso legal, reduciendo los costos del litigio para los afectados, además de ahorrar tiempo al evitar que se repitan las mismas pruebas y testimonios de juicio en juicio.

“Estamos intentando ponernos en contacto vía mail la mayor parte de los pasajeros de habla hispana que íbamos en el barco. Ya hemos hecho una pequeña reunión en Barcelona de 15 a 20 personas para ver qué tipo de acciones emprendemos contra la compañía. En principio, y aunque cada uno se ha ido a asesorar de forma individual, creemos que lo más efectivo puede ser poner una demanda conjunta, pero todavía estamos en la fase de tratar de organizarnos bien”. Pablo Ventrici viajaba a bordo del Costa Concordia con su mujer y sus dos hijos de 14 y 10 años. “En el caso de mi familia pensamos que ninguno de nosotros estaría afectado más allá de los daños materiales que perdimos en el barco, pero resulta que a mi hijo pequeño la psicóloga nos ha dicho que se ha visto afectado por el naufragio más de lo que aparenta. Así que también tenemos pensado reclamar por daños morales”.

Ante este tipo de situaciones CEACCU advierte a los pasajeros afectados que aceptar cualquier cantidad ofrecida por Costa Cruceros, sin ver qué tipo de indemnización sería la correcta, supondría renunciar a reclamaciones futuras. En el accidente del Costa Concordia, de demostrarse que fue debido a causa de una negligencia humana, la indemnización de los afectados superaría el límite establecido por la legislación europea y el artículo 101 de nuestro propio Código Civil en materia de transporte de pasajeros, por lo que habría que estudiar muy bien la cantidad que se pide para cada caso en concreto. “Eso es lo más complejo de todo, ya que por un lado estaría la indemnización básica que les corresponde a todos pasajeros que iban a bordo del barco, y luego habría que analizar cada caso en concreto en cuanto a daños físicos, materiales y morales producidos. Incluso en el caso de la familia del pasajero español fallecido en el naufragio, habrá que determinar qué cantidad se le tendría que ofrecer como indemnización, ya que de demostrarse que el accidente fue debido a una negligencia del capitán, como parece que indican las pruebas, se rebasarían los límites establecidos en la legislación vigente al respecto”.

En este sentido la Asociación de Consumidores y Usuarios de Madrid (CECU)  aconseja a los afectados a que “mantengan la calma” y no se precipiten en aceptar de entrada ninguna compensación económica o cantidad que puedan ofrecerles, a cambio de la renuncia de derecho. La CECU realizar la reclamación ante la agencia de viajes en la que se compró el crucero para que quede constancia, sin perjuicio de que posteriormente acudan a cualquier asociación de consumidores para recibir asesoramiento.

“Así es como tenemos pensado que lo vamos hacer la mayoría de los compañeros con los que he hablado”, comenta Pablo, “no nos queremos precipitar porque nos han dicho que tenemos tiempo”. En concreto 2 años, pero tal y como aconseja la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) es importante que la demanda se interponga “lo antes posible”.La OCU y CEACCU confían en que la compañía Costa Cruceros atienda con la máxima urgencia las compensaciones de sus clientes y no ponga obstáculos al cobro de las indemnizaciones correspondientes.