Consume y Muere

Afectados por las preferentes de la Asociación de vecnos Canvidalet

  • La Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros en Madrid, ADICAE Madrid, convoca para mañana viernes, día 17 de febrero a las 10:00 horas una acción informativa y reivindicativa que parte de la Plaza de Callao sobre el fraude de las participaciones preferentes.

Un matrimonio de 80 años, la mujer con una minusvalía del 70%. Les colocaron 95.000 euros -los ahorros de toda una vida- en participaciones preferentes bajo la argumentación de que “era una pena tener el dinero a la vista en la cuenta en la que cobran la pensión”, en una sucursal de Caixa Nova de Vigo.

Ama de casa sin estudios y agricultor jubilado. Matrimonio de 74 años de edad, Málaga. Les comercializaron unas participaciones preferentes de 95.000 euros y dos deudas subordinadas de 47.000 y 18.000 euros en la CAM. Se lo vendieron como un depósito a plazo fijo. Ahora con la crisis se encuentran en una situación de necesidad económica y no pueden recuperar sus ahorros.

Matrimonio de 85 años, que solo cobra pensión por jubilación el marido, y que tienen dos hijos a su cargo: una de ellos que padece una enfermedad psíquica y el otro es parado de larga duración, ambos de mediana edad. Tienen 70.000 euros en un plazo fijo ‘doble ahorro combinado’: participaciones preferentes, deuda subordinada y obligaciones mediterráneo, todo ello en la CAM. Ambos padecen ansiedad y depresión provocada por la situación en la que se encuentran.

Y así se podrían estar enumerando hasta aproximadamente un millón los casos –que se sepan por ahora- de las familias afectadas por los ‘productos tóxicos’ que en los últimos 10 años, 52 bancos y cajas de ahorro españolas -sobre todo estas últimas- han comercializado de forma irregular entre sus clientes, bajo la apariencia de ‘depósitos a plazo fijo’ con rentabilidad garantizada, y casi siempre ante un perfil de consumidor de edad avanzada que buscaba completar su jubilación con los ahorros de toda una vida.

La mayor parte de los afectados que han denunciado aseguran que nadie les informó  de los riesgos de estos productos, especialmente de la escasa o nula liquidez, y de su perpetuidad. Se han encontrado con esto cuando han ido a retirar sus ahorros y su entidad bancaria se ha negado a dárselos.

“En mi caso me dijeron que había riesgo cero y una liquidez de 48 horas si quería recuperar el dinero. Me siento totalmente estafada”. Carmen, casada y con dos hijos de 16 y 13 años, confió en La Caixa, entidad en la que tenía sus ahorros. “Jugaron con la confianza personal que estas entidades tenían con nosotros”. Ingresó 100.000 euros para que le fueran rentuando, “sabían que lo quería para comprarme una casa”, pero todavía no ha podido recuperar ni un euro de ese dinero, ni se ha podido comprar la casa para la que tanto ella como su marido venían ahorrando desde hacía muchos años.

“La realidad es que estamos ante un producto no solicitado ni buscado por los clientes, vendido irregularmente sin atender en modo alguno a lo que los consumidores querían o les convenía, y sin suministrar la información previa imprescindible, además de que genera importantes pérdidas para el usuario después de haber sido colocado como si se tratase de inversiones a plazo fijo cuando se trata de deuda perpetua, no amortizable, salvo a elección de la entidad, y no cubierta por el Fondo de Garantía de Depósitos”, señala Pablo Mayor, representante de los servicios jurídicos de la Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros de España (ADICAE), plataforma en la que se agrupan cerca de 30 mil familias afectadas .

El Banco de España ha mostrado cierta preocupación por la alarma social que se está generando, “pero no ha tomado medidas eficientes para resolver el problema”, indica Manuel Pardos, presidente de ADICAE,  para quien además, “el Gobierno se está lavando las manos. Ahora el ministro de Economía, Luis de Guindos, se descalza con una medida compleja proponiendo a las entidades que durante un año puedan mantener a los ahorristas en el corralito, sin pagar los intereses del cupón. Si el Gobierno anterior permitió la creación de este corralito, el actual lo está incluso protegiendo”

Ante la falta de respuesta satisfactoria con sus clientes, ADICAE ha decidido demandar de forma judicial al Banco de Sabadell, BBVA, CAM, Catalunya Caixa, La Caixa, Nova Caixa Galicia, Banco Santander y Banca Cívica y sus respectivas filiales, por la masiva comercialización fraudulenta  de participaciones preferentes, con las que estas entidades han contribuido a crear un corralito al ahorro en España del que el millón de familias que son víctimas han invertido, en total, alrededor de 30.000 millones de euros. “Estamos ante el mayor fraude al ahorro familiar en los últimos tiempos. Mayor incluso que los de AVAGescartera Forum y Afinsa”, señala Pardos.

La colocación de estos productos tóxicos se pusieron en marcha porque las entidades necesitaban captar dinero en época de crisis optando por la forma más beneficiosa para ellos y peor para el consumidor, según ADICAE. De lo que se trataba era de emitir participaciones que les computaran como fondos propios en su balance y fortalecieran la aparente solidez de la entidad. En cambio, el consumidor ve totalmente inmovilizado su ahorro en un producto perpetuo y se coloca como accionista del banco pero sin ningún tipo de derecho, como por ejemplo, el de votar.  “Nos hemos encontrado con un contrato de participaciones preferentes de la CAM cuya fecha de vencimiento es el 16 de diciembre del año 3000”.

La propia Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) -ante la que ADICAE denunció en octubre del año pasado a 52 entidades bancarias por la venta irregular de participaciones preferentes- en abril de 2009 publicó un folleto informativo en el que reconocía a las preferentes como “un producto complejo y de riesgo elevado” y advertía a los ahorristas que, en caso de insolvencia del emisor, o sea de la entidad bancaria,  se situaban en el orden de recuperación de los créditos, “por delante de las acciones ordinarias y de las cuotas participativas, en el caso de las cajas de ahorro”. Sin embargo, durante todo 2010 y 2011 las entidades bancarias han continuado emitiéndolas como forma de mejorar sus solvencia, ya que computan como fondos propios.

La Confederación Española de Organizaciones de Amas de Casa, Consumidores y Usuarios (CEACCU) califica como “preocupante” la percepción que de los productos de ahorro e inversión tienen los consumidores españoles. Un informe publicado por CEACCU determina la gran vulnerabilidad ante la que se encuentran los usuarios cuando se enfrentan a la contratación de este tipo de productos, debido al desconocimiento generalizado, no solo de características básicas de los mismos, como su riesgo o liquidez, sino especialmente, ante la responsabilidad que la normativa actual impone al consumidor en el seguimiento y adecuación de la comprensión sobre lo que está invirtiendo. Por este motivo CEACCU publicó ya en 2009, de forma totalmente gratuita, una “Guía práctica sobre productos de Ahorro e inversión”, que entre otras cosas, explica al consumidor en qué consisten opciones de inversión como las participaciones preferentes, los depósitos estructurados o los fondos de inversión libre (Hedges Funds), al tiempo que les ofrece recomendaciones y advertencias sobre cómo invertir con la mayor garantía.

Ante la alarma social las entidades financieras –especialmente La Caixa, Banco Sabadell, Banco Santander y BBVA- han ofrecido a cientos de miles de consumidores canjear sus participaciones preferentes por otros productos como acciones y bonos obligatoriamente convertibles en acciones. “Yo las canjee porque así me lo recomendó ADICAE”, dice Carmen, y como ella otros muchos afectados. “Si se acepta el canje se tienen unas acciones que pueden venderse fácilmente en bolsa pero que no se sabe qué valor, a la baja o a la alza, pueden tener. Si no se hace el canje, las preferentes se pueden vender en el mercado de renta fija AIAF de mala liquidez y de venta complicada, con una pérdida de valor importante”, señala ADICAE. El hecho de que el ahorrista se haya visto obligado a canjear sus preferentes, no le exime de su derecho a recuperar el 100% de su dinero. “Yo no estoy dispuesta a renunciar ni a un euro”, advierte Carmen. Desde ADICAE se exige que se restaure cualquier daño que hayan sufrido los usuarios debido al canje, ya que este se realizó sin ofrecer la información adecuada sobre cada uno de los productos. En este sentido el presidente de la plataforma ADICAE recomienda  a las autoridades que “vigilen de cerca” el canje inminente que planteará Bankia.


El crucero Costa Concordia (AP)

“Poco después de que el barco sufriera el primer golpe la compañera con la que viajaba y yo fuimos conducidos, junto con un grupo de otros 40 pasajeros, a una zona de la popa. Una vez allí se nos informó por megafonía de que todo estaba bajo control y de que el apagón de luz que había sufrido el barco se debía a un fallo en el generador que estaban intentando arreglar.  Una hora y cuarto más tarde de que eso sucediera, y al darnos cuenta de que el barco se ladeaba hacia un costado de forma preocupante, decidimos tratar de salir de allí por nuestra cuenta. En esos momentos ya nadie nos decía nada por megafonía sobre lo que realmente estaba pasando y sobre las pasos que teníamos que seguir para la evacuación”.

Juan José Quevedo es uno de los 177 pasajeros españoles que viajaba a bordo del Costa Concordia, el barco que naufragó en las inmediaciones de la pequeña isla italiana Giglio el pasado 13 de enero. Se considera afortunado por no haber sufrido graves heridas físicas, ni padecer secuelas psicológicas tras el naufragio, “yo estoy bien, de lo contrario te mentiría”, afirma. Sin embargo, no está dispuesto a que como consumidor no se le respeten sus derechos: “no quiero más que lo que me corresponde”. Y la pregunta inmediata que se hace necesaria ante tal afirmación es: ¿y qué es lo que le corresponde a un consumidor que se ve implicado en una situación como la vivida por Juan José?

Existen una serie de cuestiones ineludibles ante las cuales Costa Cruceros, como empresa propietaria del buque Costa Concordia, debe responder ante los damnificados: el reembolso total de los gastos de viaje, el reembolso de cualquier gasto en el que se haya incurrido desde el naufragio hasta el viaje de regreso a casa, todos aquellos gastos que se hicieran a bordo del barco, cualquier gasto médico que el pasajero haya necesitado a causa del accidente y la devolución de los objetos de valor que estuvieran en las cabinas de seguridad, una vez hayan sido recuperados. Esto, por ahora, es lo que Costa Cruceros ha ofrecido por escrito en una carta a cada uno de los pasajeros. En lo relativo a la pérdida de objetos de valor o “compensaciones de otra naturaleza”, Costa Cruceros comunica en esa misma carta a sus clientes que se pondrá de nuevo en contacto con ellos lo antes posible.

“¿Y a mi quién me repone el valor de mi equipo fotográfico que no estaba en la cabina de seguridad y que he perdido?, ¿y el haberme fastidiado mis vacaciones?”, son las preguntas que se hace Juan José. También se pregunta cómo se le va a reponer a su compañera de viaje el hecho de que desde que volvió a casa tras el naufragio sea incapaz de dormir en cualquier lugar con las ventanas cerradas, porque se despierta aterrorizada.

“Lo que se les ofrece es lo de menos, lo demás está por determinarse”, comenta  Eugenio Ribón, asesor jurídico de la Confederación Española de organizaciones de amas de casa, consumidores y usuarios (CEACCU), que ha presentado la primera demanda judicial en los juzgados de Madrid contra Costa Cruceros, al considerarla propietaria del Costa Concordia . Esto supone, según CEACCU, el primer paso de una serie de acciones judiciales que traten de compensar, en la medida de lo posible, a los usuarios víctimas del naufragio por entender abusivas un tercio de las clausulas del contrato de esta compañía con sus clientes.
Por ejemplo, en referencia a las condiciones de venta online, en sus “normas generales de aplicación”, Costa Cruceros establece Italia como lugar de celebración del contrato, tanto al declarar la dirección la compañía, como cuando se hace referencia al “cierre” del mismo: “únicamente para los pasajeros considerados consumidores que hayan adquirido un crucero; los contratos correspondientes se consideran cerrados en Italia y se entiende que la Ley aplicable al contrato es exclusivamente la italiana”.
CEACCU solicita en su demanda la nulidad de esta cláusula apelando a la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico (LSSI-CE) que dispone que “los contratos celebrados por vía electrónica en los que intervenga como parte un consumidor se presumirán celebrados en el lugar en que éste tenga su residencia habitual”.
Particularmente lesivo para los afectados por el naufragio del Costa Concordia es la renuncia a los Tribunales españoles que impone su “norma general” décimo segunda del contrato, y que a juico de CEACCU, “la abusividad de esta estipulación deriva del desequilibrio que puede generar al consumidor el hecho de ser forzado a litigar en el fuero impuesto por el organizador, al margen de la concreta determinación de fueros y normas que puedan resultar aplicable por fijación de las reglas procesales vigentes”.

Sobre la custodia de los objetos de valor, el contrato de Costa Cruceros dice que “el Organizador no asume responsabilidad alguna por la custodia del dinero, documentos, títulos, joyas u objetos preciosos que no hayan sido recibidos para su depósito en dicha caja de seguridad, aún cuando estuvieran depositados en las cajas fuertes de los camarotes o en las de las habitaciones de los hoteles que presten servicios de alojamiento”. Frente a ello, CEACCU manifiesta en su demanda “la  pretensión de exoneración de responsabilidad por sustracción del equipaje o enseres de los usuarios en el ámbito de las condiciones generales de la contratación en los viajes combinados, ha sido rechazada con contundencia” tanto por la doctrina, como por la abundante jurisprudencia que CEACCU recoge”.

CEACCU ha optado por la concentración de fuerza contra el propietario del buque para evitar la diseminación de acciones de decenas de reclamaciones contra pequeñas agencias de viaje, ya que según el artículo 162 del Texto Refundido de la Ley General de Defensa de Consumidores y Usuarios (TRLGCU), “se establece una responsabilidad entre organizador y detallista”. Una demanda colectiva además, supone una dirección letrada única, lo que aumenta la eficiencia del proceso legal, reduciendo los costos del litigio para los afectados, además de ahorrar tiempo al evitar que se repitan las mismas pruebas y testimonios de juicio en juicio.

“Estamos intentando ponernos en contacto vía mail la mayor parte de los pasajeros de habla hispana que íbamos en el barco. Ya hemos hecho una pequeña reunión en Barcelona de 15 a 20 personas para ver qué tipo de acciones emprendemos contra la compañía. En principio, y aunque cada uno se ha ido a asesorar de forma individual, creemos que lo más efectivo puede ser poner una demanda conjunta, pero todavía estamos en la fase de tratar de organizarnos bien”. Pablo Ventrici viajaba a bordo del Costa Concordia con su mujer y sus dos hijos de 14 y 10 años. “En el caso de mi familia pensamos que ninguno de nosotros estaría afectado más allá de los daños materiales que perdimos en el barco, pero resulta que a mi hijo pequeño la psicóloga nos ha dicho que se ha visto afectado por el naufragio más de lo que aparenta. Así que también tenemos pensado reclamar por daños morales”.

Ante este tipo de situaciones CEACCU advierte a los pasajeros afectados que aceptar cualquier cantidad ofrecida por Costa Cruceros, sin ver qué tipo de indemnización sería la correcta, supondría renunciar a reclamaciones futuras. En el accidente del Costa Concordia, de demostrarse que fue debido a causa de una negligencia humana, la indemnización de los afectados superaría el límite establecido por la legislación europea y el artículo 101 de nuestro propio Código Civil en materia de transporte de pasajeros, por lo que habría que estudiar muy bien la cantidad que se pide para cada caso en concreto. “Eso es lo más complejo de todo, ya que por un lado estaría la indemnización básica que les corresponde a todos pasajeros que iban a bordo del barco, y luego habría que analizar cada caso en concreto en cuanto a daños físicos, materiales y morales producidos. Incluso en el caso de la familia del pasajero español fallecido en el naufragio, habrá que determinar qué cantidad se le tendría que ofrecer como indemnización, ya que de demostrarse que el accidente fue debido a una negligencia del capitán, como parece que indican las pruebas, se rebasarían los límites establecidos en la legislación vigente al respecto”.

En este sentido la Asociación de Consumidores y Usuarios de Madrid (CECU)  aconseja a los afectados a que “mantengan la calma” y no se precipiten en aceptar de entrada ninguna compensación económica o cantidad que puedan ofrecerles, a cambio de la renuncia de derecho. La CECU realizar la reclamación ante la agencia de viajes en la que se compró el crucero para que quede constancia, sin perjuicio de que posteriormente acudan a cualquier asociación de consumidores para recibir asesoramiento.

“Así es como tenemos pensado que lo vamos hacer la mayoría de los compañeros con los que he hablado”, comenta Pablo, “no nos queremos precipitar porque nos han dicho que tenemos tiempo”. En concreto 2 años, pero tal y como aconseja la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) es importante que la demanda se interponga “lo antes posible”.La OCU y CEACCU confían en que la compañía Costa Cruceros atienda con la máxima urgencia las compensaciones de sus clientes y no ponga obstáculos al cobro de las indemnizaciones correspondientes.


Cero comisiones. Se ha convertido en uno de los lemas publicitarios de multitud de bancos deseosos de captar nuevos clientes y capitales. Hay que darles en parte la razón en el sentido de que algunas entidades están reduciendo comisiones que resultan muy visibles como las que gravan las transferencias, el mantenimiento de una tarjeta, los movimientos en cuentas, etcétera. Se trata en realidad de ejemplos concretos ya que, según publica CEACCU, el grueso de las comisiones en 2011 ha aumentado.

Sin embargo, como  han denunciado a Periodismo Humano varias organizaciones de consumidores, esta bajada minoritaria y puntual viene acompañada de una subida mucho menos visible y más general en otro tipo de comisiones más “discretas”. Curiosamente, destacan los defensores de los consumidores, aquellas que afectan más a las personas con menos ingresos o que menos dinero tienen en su cuenta, como es el caso de las comisiones que se cobran por tener un descubierto, es decir, por quedarse en números rojos. Leer más


Euros (AP)

Cuando María acude a la compra debe pensar muy bien en qué gastar su dinero, ya que cuenta con 1.400 euros para pasar el mes, ella, y los tres miembros restantes que componen su familia: sus dos hijos de 17 y 14 años, que están estudiando, y su marido que es quien aporta el salario en casa, puesto que María está en paro, y desde hace más de un año y medio, sin cobrar la prestación por desempleo.

A María -cuando es a ella a quien le toca hacer la compra- cada barra de pan le cuesta hoy 0’50 céntimos de euro, un 85% más cara de lo que le costaba en 2001, ya que por aquel entonces costaba 40/45 pesetas (0,27 céntimos de euro); la unidad de huevos ha pasado de costarle 0’07 a 0’15 céntimos de euro, un 114% más cara; la leche de 0’60 a 0’89, un 48% más y un kilo de patatas de 0’32 a 0’69, o lo que es lo mismo, un 116% más caro, todo ello según un informe elaborado por la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) en el que se analiza los 10 años que el euro ha cumplido, desde su entrada en funcionamiento en España.

“Nadie creía que España iba a estar aquí, participando activamente en el acto fundacional del euro en la moneda única europea”, fueron las palabras pronunciadas por José María Aznar como presidente del gobierno el 1 de enero de 2002, cuando el euro entró en funcionamiento en España.  Lo que tampoco María, ni el resto de consumidores españoles imaginaban, era que 10 años más tarde de que eso sucediera la cesta de la compra les iba a costar un 48% más cara de lo que les costaba por aquel entonces. “Pese a lo que algunos expertos aseguraban, no se trataba de un ajuste puntual para ponernos al nivel de Europa. Las subidas de precios se convirtieron en tendencia, cargando todo el peso del cambio sobre los hombros del consumidor. A partir de 2002 es posible consultar los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) y confirmar que la ley de la gravedad no se aplica a todos los campos: hay cosas que suben y jamás vuelven a bajar”, denuncia la OCU.

Símbolo del euro iluminado (AP)

Tampoco los precios han bajado en la vivienda que, muy al contrario, se han incrementado en un 66% en la de nueva construcción- según la Sociedad de Tasación, en diciembre del 2000 el metro cuadrado costaba de media en España 1.453 euros y  en junio de 2011 ya valía 2.419 euros-, llegando a experimentar la de segunda mano subidas de hasta el 78% en Madrid y el 70% en Barcelona -según la web inmobiliaria Idealista, en marzo de 2001 el metro cuadrado de segunda mano costaba 328.923 pesetas en Madrid (1.973 euros) y 351.312 en Barcelona (2.111 euros), mientras que en octubre de 2011, el metro cuadrado pasó a costar 3.507 euros en Madrid y 3.588 en Barcelona-.

“Nosotros tenemos que dar gracias de que el piso lo tenemos pagado, porque si tuviéramos que pagar hipoteca no tendríamos para comer”, dice María, quien también da gracias porque su marido no necesite coger el coche para ir al trabajo, ni utilizar el transporte público, “se va caminando, porque lo tiene cerquita de casa”. Si el marido de María tuviera que utilizar el transporte público, como al resto de consumidores españoles, le costaría hoy un 58% más caro en euros de lo que les costaba en pesetas. En este sentido, Madrid tiene el billete de metro y bus sencillo más caro de todo el país, con el incremento que el pasado agosto experimentó, y por el cual, pasó de costar de 1 euro a 1’50. “La subida aplicada en Madrid es a todas luces desmesurada. No se corresponde con una mejora equivalente en el servicio y desincentiva el uso del transporte público, con lo que se sitúa radicalmente en contra de las políticas de reducción de emisiones y contención de la contaminación”, según la OCU.

Uno de los argumentos utilizados por el gobierno de la Comunidad de Madrid para respaldar este incremento fue que este tipo de billete llevaba muchos años sin variar de precio. Pero, tal como refleja la OCU en su informe, el precio medio del billete sencillo en España es de 1,01 euros: “los madrileños llevan muchos años sufriendo un precio muy elevado y ahora, cuando empezaba a situarse en la zona media de la tabla, llega el jarro de agua fría”. A Madrid le siguen Barcelona y San Sebastián como las ciudades en las que resulta más caro hacer uso del transporte público. El billete sencillo les cuesta a los consumidores de estas ciudades 1’45 y 1’40 euros, respectivamente.

Campaña ciudadana contra la subida del billete del metro de Madrid en la que se evidencia que es mucho más caro que en otras ciudades europeas al compararlo con el salario mínimo interprofesional

Salvo comprar nuevas tecnologías -dvd, cámaras de fotos, electrodomésticos, videocámaras, etc.-, que es en lo único en lo que han bajado los precios en estos 10 años, todo resulta más caro pero, ¿qué ha pasado con los salarios? ¿Han subido en relación al incremento de precios?

En este sentido la Confederación Española de organizaciones de amas de casa, consumidores y usuarios (CEACUU), denuncia la desproporción entre la evolución de los ingresos de las familias, cuyos salarios medios subieron tan solo un 14% en todos estos años, y la subida de precios tan desmesurada en la mayor parte de los artículos de consumo: la Encuesta de Estructura Salarial del INE despeja cualquier tipo de duda al respecto. En 2002, el salario medio en España era de 19.802 euros brutos al año. En 2009 -última encuesta publicada-, se situaba en 22.511 euros.

A la hora de revisar los salarios, alerta la OCU, en muchas empresas se toma como referencia el Indíce de Precios de Consumo (IPC), que refleja la inflación y el coste de vida. Lo elabora el INE mediante una encuesta que determina lo que cuesta una hipotética cesta de la compra en la que se incluyen alimentación, ropa, comunicaciones, transporte, ocio y otros gastos cotidianos, y en su cálculo no se tiene en cuenta la compraventa de viviendas, aunque sí los alquileres.

“La pregunta incómoda es si el IPC consigue reflejar la realidad que hemos descrito. Entre 2002 y 2009, su variación acumulada no superó el 23%”, lo que significa que  el IPC no refleja la subida generalizada de precios desde la llegada del euro. “Los españoles llenan sus bolsillos con salarios que se han quedado desfasados respecto a estas subidas, pero también respecto al propio IPC. A falta de datos para 2011, si el salario medio hubiese crecido lo mismo que el IPC, en 2009 debería haber sido 3.600 euros brutos anuales más alto de lo que lo fue”.

“Antes del euro nosotros pasábamos la semana con 5.000 pesetas, ahora con 50 euros, que es más dinero, no me llega para nada”. Según los datos del informe de la OCU la de María, como la de otros muchos consumidores, no es una apreciación personal, sino una realidad. “Mi marido y yo llevamos dos años sin comprarnos nada de ropa, a no ser que se nos rompa algo de las prendas básicas de uso diario como son los calcetines. Los dos duros que nos puedan sobrar a fin de mes, preferimos dárselos a nuestros hijos y desde hace mucho tiempo no sabemos lo que es ir aquí o allá. Nuestro ocio consiste en pasear en bici, que de momento y si no te ponen una multa, es gratis”, y por primera vez en toda la entrevista, a María se le escapa una leve sonrisa.


Cuando un cliente establece un contrato de permanencia con un operador de telefonía móvil -bien porque te regala llamadas gratuitas o un teléfono móvil, entre otros motivos-, el cliente debe cumplir con el contrato de permanencia que firmó –siempre y cuando firmara la clausula que lo especifique y la compañía se lo explicara con suficiente claridad-. En caso de que el cliente decida darse de baja antes de la finalización de dicho contrato, está en todo su derecho –como ya hemos explicado en anteriormente en Consume y Muere-, pero la compañía le cobrará una penalización correspondiente a la parte proporcional, en función del tiempo que le quede para finalizar el contrato, y el importe que recibió como bonificación a cambio del mismo.

Ahora bien, ¿qué sucede si la baja del usuario es por defunción?

Cuando la familia de Javier Abrego se dio cuenta de que Movistar, desde hacía ya dos meses, se estaba cobrando la línea de su abuela que había fallecido enviaron el certificado de defunción para atestiguar el porqué se daba de baja a la línea y al tiempo les llegó a casa una factura de poco más de 30 euros. “Nos querían cobrar la baja de permanencia, a pesar de que por teléfono nos dijeron que no nos la cobrarían al tratarse de una baja por defunción. A parte de una tomadura de pelo, me parece una falta de tacto tremenda”.

En un foro de Internet encontramos un caso similar al vivido por la familia de Abrego: “pedí dar de baja la línea de teléfono móvil de mi madre, que había fallecido, y me dicen que no hay otra manera de hacerlo que cambiar el titular de la línea del fallecido a un familiar vivo-  en este caso yo, por ejemplo, que soy su hijo- y tramitar la baja yo mismo, ¿qué debo hacer?”.

“La baja por defunción es un caso puntual y poco común, pero si se presenta el certificado de defunción debería ser más que suficiente para que nos dieran de baja sin coste alguno”, señala Estefanía Palacios, responsable de prensa en asuntos de reclamaciones de la Oficina al Usuario de las Telecomunicaciones, dependiente del Ministerio de Industria, Energía y Turismo.

Para Eugenio Ribón, asesor jurídico de la Confederación Española de organizaciones de amas de casa, consumidores y usuarios (CEACCU), si una compañía se cobra la permanencia en un caso como este “está actuando de modo improcedente”, y esgrime para ello: “no solo sería una circunstancia de fuerza mayor, por lo que se da de baja la línea (1105 CC) -artículo 1.105 del Código Civil-, sino que, a mi entender, extingue plenamente el contrato al ligarse el número a un consumidor determinado”.

Desde los servicios jurídicos de la Oficina al Usuario de las Telecomunicaciones recuerdan que no existe una normativa específica en telecomunicaciones que regule la baja de permanencia por defunción, por lo que, tal y como explica Ribón, rige la misma normativa general  que se establece en el Código Civil a la hora de contraer cualquier otro tipo de contrato comercial. “En este sentido, da igual que hayamos comprado un coche, una televisión, que un teléfono móvil, no sería necesario que se pagara la baja de permanencia, aunque el contrato no hubiera llegado a su fin, cuando la titular de la línea, y por tanto la persona con la que se había contraído el contrato, falleció. Es obvio entonces, que no es necesario cambiar la titularidad de la línea de la persona fallecida a un familiar o amigo que siga vivo, para darle de baja”.

Si la compañía telefónica no devuelve de forma íntegra la cantidad de la baja por permanencia que se cobró indebidamente, el usuario está en su derecho de reclamar por la vía judicial verbal-sin necesidad de abogado y procurador cuando se reclamen menos de 2000€- utilizando, por ejemplo, este modelo que ofrece CEACCU para poder hacerlo de forma totalmente gratuita: “Demanda para reclamación de cantidad por facturación indebida de servicios”.

Desde la Oficina de Atención al Usuario de Telecomunicaciones se recomienda al consumidor que ante este tipo de abusos -si  primeramente la compañía no le ha dado una respuesta satisfactoria y cree tener la razón- reclame. “Cada año el número de reclamaciones aumentan, eso quiere decir que el ciudadano se hace consciente de cuáles son sus derechos y los hace valer”. Sin ir más lejos, el número de reclamaciones tramitadas en la Oficina de Atención al Usuario de Telecomunicaciones de los 9 primeros meses de 2011 aumentaron en más de un 22%, en referencia al mismo período del año anterior.

Alrededor del 80% de los consumidores que reclaman, se les suele dar la razón. “Lo que sucede es que cuando las cantidades no son demasiado elevadas –como suele pasar en casos como este- la gente decide no reclamar. Hay que pensar que no se trata de un trámite tan costoso de hacer, en un plazo máximo de 6 meses la reclamación ya ha sido debidamente tramitada. Y funciona”.